Sesión Ordinaria 2 de Setiembre de 2014

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SUMARIO

(Circular 31/14)

Aprobación del Diario de Sesión Nº 209.

Régimen de Comisión General

Se recibe en Sala a representantes de la Cámara Empresarial de Maldonado, quienes explicarán los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.

Asimismo, se recibe en Sala a representantes nacionales del SUNCA, quienes explicarán los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.

Régimen Ordinario de Sesión

Media Hora Previa

Edil Nelson Balladares: estado de deterioro de la maquinaria y condiciones en las que se trabaja en las canteras municipales.

Asuntos Entrados Tramitados por la Mesa

Aprobación del Boletín Nº 25/14.

Asuntos Entrados

Diligenciamiento de las notas y expedientes, así como de las solicitudes de los señores ediles en la presente sesión.

Asuntos Varios

Tratamiento de los informes de Comisión de los expedientes: 360/14, 0123/14, 008/14, 078/14, 080/14 y 249/14. (cea)

 

DIARIO DE SESIÓN Nº 210.- En la ciudad de Maldonado, siendo la hora 21:46 minutos, previo llamado reglamentario a Sala, se da inicio a la Sesión Ordinaria convocada para el día martes 2 de setiembre de 2014. Concurren a Sala los Ediles titulares Fermín de los Santos, María Cruz, Liliana Capece, Diego Astiazarán, Hébert Núñez, José L. Noguera, Juan C. Ramos, Daniel Rodríguez, Graciela Ferrari, María del Rosario Borges, Eduardo Elinger y los Ediles suplentes María C. Rodríguez, Washington Martínez, Alfredo Toledo, Graciela Caitano, Oribe Machado, Flavio Maffoni, Oscar Meneses, Luis Artola, Carlos Stajano, Diego Silveira, Héctor Plada, Carlos de Gregorio y Daniel Tejera. Con licencia: Andrés Rapetti. Con licencia médica: Francisco Sanabria. Con licencia reglamentaria: Liliana Berna, José Hualde, Rodrigo Blás, Federico Casaretto, M. Saenz de Zumarán, Gustavo Pereira, Guillermo Ipharraguerre. Ediles inasistentes: Eduardo Bonilla, María Fernández Chávez, Andrés de León, Diego Echeverría, Francisco Salazar y José Vázquez. Preside el acto: Fermín de los Santos. Actúa en Secretaría: Nelly Pietracaprina (Secretaria General).

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas noches, señoras edilas, señores ediles. Tomamos lugar, por favor…

Siendo la hora 21:46 minutos del martes 2 de setiembre y estando, en número damos comienzo a la Sesión.

Tenemos que aprobar el NUMERAL I) DIARIO DE SESIÓN 209. Votamos, por favor…

(Se retira el Edil Diego Silveira e ingresa la Edila Cintia Braga).-

SE VOTA: unanimidad, 24 votos.

Tenemos que pasar ahora al Régimen de comisión general.

Votamos.

SE VOTA: unanimidad, 26 votos.

(Ingresan los Ediles Nelson Balladares y Guillermo Moroy).

Pedimos un cuarto intermedio de tres minutos para hacer pasar a los invitados.

SE VOTA: 23 en 26, afirmativo.

(Siendo la hora 21:47 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora 21:52 minutos, ocupado la Presidencia el Edil Fermín de los Santos con la asistencia además de los Ediles titulares María Cruz, Liliana Capece, Diego Astiazarán, Hébert Núñez, José L. Noguera, Juan C. Ramos, Daniel Ancheta, Daniel Rodríguez, Graciela Ferrari, Guillermo Moroy, María del Rosario Borges y los Ediles suplentes Sergio Casanova Berna, María C. Rodríguez, Washington Martínez, Alfredo Toledo, Graciela Caitano, Flavio Maffoni, Oscar Meneses, Nelson Balladares, Luis Artola, Carlos Stajano, Carlos de Gregorio Cintia Braga, Héctor Plada, Pablo Gallo y Daniel Tejera).

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien, continuamos.

NUMERAL II) SE RECIBE en Sala a representantes de la Cámara Empresarial de Maldonado, quienes explicarán los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.

Primero que nada queremos agradecerles la concurrencia.

Voy a presentar a quienes nos están acompañando en la Mesa en este momento. Por la Cámara Empresarial de Maldonado: el Presidente, señor José Andrés Pereyra de Brun; la Prosecretaria, Giselle Barboza; el Tesorero, Alberto Zeida y el Vocal, señor Francisco Alonsopérez. A mi izquierda está el Doctor Juan Mailhos, que viene de Montevideo.

Para iniciar la parte oratoria, damos la palabra al señor José Andrés Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Vamos a aprovechar esta oportunidad simplemente para, de alguna manera, marcar o dar a conocer la posición de todas las instituciones gremiales de nuestro país vinculadas a empresarios, servicios, industrias y comercios.

Agradecemos sobre todo la presencia del Doctor Juan Mailhos, que ha participado de todas las reuniones en la Cámara de Representantes representando a nuestro sector.

Simplemente eso: agradecerle la concurrencia, y un agradecimiento profundo a la Cámara Nacional de Comercio por el apoyo. Y nadie mejor que Mailhos para dar a conocer nuestra posición.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante entonces.

SEÑOR MAILHOS.- Gracias, señor Presidente.

Antes de iniciar quiero saludar especialmente a los ediles reunidos hoy en la Junta, también un saludo especial a Oscar Andrade, y en su nombre a todos los delegados del SUNCA que están aquí, y felicitarnos porque, qué bueno que en el Uruguay los orientales tengamos la oportunidad de poder expresar en asamblea –y esta es una de ellas– las posiciones y los diversos puntos de vista que podemos tener sobre las realidades y aun sobre las normas que nuestro país ha adoptado. (k.f.)

Señor Presidente: tal como indicaba el señor Pereyra, y como es de público conocimiento, las cámaras empresariales no han acompañado la sanción de este proyecto de ley. Múltiples han sido los motivos para esta posición, entre ellos, quizás el primero que hay que analizar es el de la falta del necesario diálogo social que tiene que existir para la aprobación de estas normas, de manera que el consenso social genere normas que incidan sobre la realidad, pero que también establezcan soluciones que sean sustentables en el tiempo. En este caso no hubo ese diálogo social efectivo; en este caso exclusivamente se contempló, a nuestro juicio, un planteo que nosotros consideramos bien intencionado, porque compartimos los objetivos realizados por el sector sindical, pero que no fue acompañado –por las razones que diré– por el sector empresarial y aun en su momento planteó algunas dudas para el sector del gobierno.

Nosotros compartimos el objetivo de reducir los niveles de accidentalidad en nuestro país. Lo compartimos con el sector sindical, lo compartimos con el sector gubernamental; sin embargo, aun compartiendo este objetivo, entendemos que la llamada Ley de Responsabilidad Penal del empleador no cumple eficazmente con el objetivo planteado, inclusive en la propia exposición de motivos de la norma.

La primera diferencia que tenemos con el proyecto es que no existe, a nuestro juicio, un vacío legal en esta materia que justifique la norma que se ha aprobado. No existe tal vacío legal porque el Código Penal ya ha establecido tipos penales específicos para el caso del acaecimiento de lesiones o de la muerte y se tipifican ambos delitos.

Sin embargo, el proyecto de ley establece una responsabilidad penal para el empleador; establece un delito de peligro. A nuestro juicio –y así lo han entendido todas las cámaras empresariales– se penaliza en cierto sentido la actividad empresarial. Los accidentes, normalmente, no son producto de una sola causa ni de un solo agente, los accidentes cuando se dan son multicausales, obedecen a múltiples causas y en este caso solamente se penaliza –en criterio que nosotros no compartimos– al empresario o a quien ejerza en su nombre el poder de dirección de la empresa.

El proyecto tampoco lo compartimos porque tiene una técnica legislativa que no es prolija, no define lo que es el empleador, no define si esto se aplica al sector público. Hoy, una de las únicas denuncias que existen sobre este aspecto, está dirigida contra un gobierno departamental. No se establece entonces cuál es el criterio de empleador y mucho menos se define quién es el agente que ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa pueda ser denunciado.

Esto genera incertidumbre jurídica y esto seguramente vaya a tener que ser resuelto por el juez penal cuando reciba la denuncia.

El delito de peligro que está consagrado en el Artículo 1º, que a nuestro juicio no va a cumplir el objetivo de la reducción de los accidentes de trabajo en el trabajo, está establecido para aquellos que no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador. (a.f.r.)

Es un delito de peligro, no requiere que se produzca el daño.

A su vez, este delito establece un tipo penal abierto, un tipo penal en blanco, porque basta con no cumplir la ley y su reglamentación. ¿Cuál? Todas; la que sea: las que existen ahora y las del futuro. Y tomemos nota de que la reglamentación puede tener diversas fuentes: puede tener fuentes en el Poder Legislativo; puede tener fuentes en el Poder Ejecutivo a través de un decreto, e inclusive podría llegar a tener fuentes en alguna normativa del Gobierno Departamental. Con lo cual, a nuestro juicio, se está alterando la legalidad necesaria para poder establecer un tipo penal. ¿Cuál ley? ¿Cuál reglamentación?

Por tanto, nosotros hemos manifestado ante el Parlamento nuestro rechazo a este Artículo 1º, generador de un delito de peligro y, sobre todo, señor Presidente, a una ley que establece como objetivo la reducción de los niveles de accidentalidad pero que no habla, en ningún aspecto, de los temas de prevención. En ningún momento habla acerca de qué manera se puede tender a una cultura de prevención que involucre –dado que los accidentes son multicausales– tanto a los empresarios como a los propios trabajadores.

A nuestro juicio, solamente estableciendo y concretando de manera gradual –con objetivos a mediano y largo plazo– una cultura de prevención se van a poder reducir los niveles de accidentes de trabajo de una manera decidida y sustentable.

También quiero hacer una referencia específica a la falta de datos estadísticos; y me quiero referir de manera especial a muchos de los datos que se utilizan, tanto a nivel de la prensa como de la publicidad –recientemente–, y de argumentos que han servido para alentar e impulsar la aprobación de esta ley.

No hay disponibles –de una manera seriada; seria; transparente; que pueda ser conocida por todos– datos del Banco de Seguros del Estado sobre el tema de la cantidad de accidentes de trabajo. Aún hoy los tres actores sociales que estamos involucrados en esto no tenemos datos que nos permitan generar bases ciertas como para poder saber cuántos son los accidentes de trabajo y de qué manera podemos medir, mensurar, la reducción de los mismos.

A esto se debe el rechazo unánime de las cámaras empresariales más representativas del país a este proyecto de ley que hoy es ley y que, como ley dictada por un parlamento en un régimen democrático, estamos llamados y obligados a cumplir y así lo estamos haciendo.

La ley, que es muy corta, señor Presidente, también refiere a algunos otros aspectos que preocupan. Preocupa la modificación de la ley respecto al Banco de Seguros; preocupa en cuanto impone la obligación, en caso de dolo o culpa grave, de excluir al siniestro de la cobertura de seguro en un área en que es monopolio del Banco de Seguros del Estado, además de que en estos casos excluye de la cobertura de asistencia médica y de toda otra indemnización dineraria. Tratándose de un área monopólica del Estado, preocupa la afectación de este Artículo 2º que vacía de contenido este seguro, generando condiciones de recupero que pueden licuar la propia razón de ser del seguro. (a.t.)

Y por último, señor Presidente, el Artículo 3°, que establece modificaciones al Código del Proceso Penal, establece para los accidentes producidos en el área del trabajo una condición privilegiada para el damnificado, para el denunciante y para el tercero, pudiendo intervenir en la etapa del presumario, privilegio del que no goza ningún otro accidentado que no sea por razones de trabajo.

Esta modificación creemos que genera una dificultad importante, genera una intromisión en el juicio penal que no corresponde y que nosotros también rechazamos.

Pero, señor Presidente, concurro hoy asistiendo a la Cámara Empresarial de Maldonado para explicar cuáles han sido las razones por las cuales el sector empresarial ha rechazado este proyecto de ley que penaliza la actividad empresarial. Y lo ha rechazado porque no cumple con el objetivo que se anuncia en su exposición de motivos; y lo ha rechazado por las dificultades de técnica legislativa; y lo ha rechazado porque a nuestro juicio el único objetivo que cumple es el de establecer un marketing social sobre este tema.

/span>¿Qué se debería hacer si el objetivo y la razón de ser es reducir los accidentes de trabajo? Aclaro –como ya he adelantado– que es el objetivo de todas las partes. Pues bien, se debería privilegiar, como ya se ha dicho, el diálogo social. Se debería privilegiar este diálogo social que ya está establecido desde hace muchos años, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo que funciona en el ámbito de la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Esta ley no fue pasada por este Consejo, esta ley no fue objeto del diálogo social antedicho. ¿Por qué un diálogo social? Porque creemos que en este ámbito –así se ha reconocido, el propio Decreto Nº 291 establece comisiones bipartitas, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo constituye una alzada de estas comisiones bipartitas– es necesario, si se pretende el cambio de cultura, que estén involucrados los empresarios, el Gobierno y los trabajadores. Es necesario que trabajemos hacia las condiciones, los protocolos que deben regir, la salud y la seguridad en cada una de las actividades que se desarrollan.

Es necesario que eso sea discutido, es necesario que sea discutido no solamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es necesario que se involucre también al propio Banco de Seguros del Estado, al Ministerio de Salud Pública, al Banco de Previsión Social. Son múltiples los actores que deberían estar convocados para este diálogo y para poder discutir entre todos de qué manera podemos incidir sobre la cultura de la prevención.

Al empresario, para que comprenda, se sensibilice en cuanto a que la inversión en seguridad no es un gasto sino una inversión y que debe estar, en ese sentido, sensibilizado y educado para poder cumplir con las normativas.

A los trabajadores, para que entiendan que los procedimientos de trabajo exigen determinados implementos de seguridad que son importantes para su seguridad y la seguridad de terceros. Y al Estado, al Gobierno, para que pueda fiscalizar con una labor educadora y sancionadora cuando corresponda.

Solamente de esta manera, señor Presidente, nosotros entendemos y visualizamos que puede avanzarse hacia una correcta estrategia, una correcta política que nos posibilite la baja de la siniestralidad, que es el objetivo que todos deseamos. (g.t.d)

Para ir redondeando estas palabras y esta visión, nosotros entendemos, además, que la participación del Banco de Previsión Social, del Banco de Seguros del Estado y hasta la del propio Ministerio de Economía y Finanzas puede generar los incentivos necesarios a nivel de las empresas para que se invierta en salud y en seguridad.

El Banco de Seguros del Estado hoy tiene un monopolio en materia de accidentes de trabajo, y no es transparente no solo por no brindar datos estadísticos sobre accidentes de trabajo sino también por no explicitar de qué manera se calculan sus pólizas.

Nosotros entendemos que el Banco de Seguros del Estado debería estar llamado, en su calidad de Ente monopólico, a generar incentivos, premios y reducciones, tal como existen en los accidentes de tránsito. Esto permitirá que se realicen más inversiones en seguros de salud y de seguridad en el trabajo debido a la reducción del valor de los mismos en caso de que las empresas no tengan siniestros o inviertan en la formación permanente de sus trabajadores tanto en materia de salud y de seguridad como en los implementos de seguridad en el trabajo.

También sería necesaria la intervención de las propias autoridades del Ministerio de Economía para establecer de qué manera estas inversiones son promovidas en el entendido de que –como fue dicho– el objetivo es compartido, de que es un bien que la sociedad toda aprecia y de que hay consenso en que debe ser promovido. Y en esas situaciones debería contar con un régimen de incentivos que permita no solamente a las grandes empresas –que hoy por hoy son las que están en mejores condiciones en cuanto al cumplimiento de esta normativa, y aun en mejores condiciones para poder obtener defensas de abogados en caso de ser denunciadas–, sino también a las pequeñas y medianas empresas –que son la mayoría en el entramado empresarial de nuestro país–, cumplir con las condiciones que las normas o las estrategias de política indiquen para desarrollar su labor de una manera segura.

Señor Presidente, para concluir: cuando las normas se aprueban sin una base de consenso mínimo en la sociedad –y nosotros creemos que en este caso el sector empresarial es un factor fundamental para otorgarle consenso social y legitimidad social mínima a esta ley–, no es extraño que en algún momento se solicite la modificación o la derogación de esta ley, es decir, por no cumplir con el objetivo que se expresa cuando se sanciona la misma.

Nosotros entendemos, señor Presidente, que esta cultura de prevención nos debe involucrar a todos, y también debe involucrar a la conducta negligente del trabajador –cuando esta se produce–, que puede poner en riesgo su propia vida, así como la seguridad y la vida de algún compañero de trabajo o de un tercero. Por tal motivo, nosotros no nos extrañaríamos si en algún momento se plantea la modificación de la ley incluyendo la responsabilidad del trabajador, por hecho propio, cuando contribuya a que se produzca un riesgo.

Para finalizar, nos manifestamos, entonces, a favor de una cultura de prevención y de un diálogo social al respecto, y tememos que una ley de esta naturaleza afecte las buenas intenciones para que este mismo diálogo social pueda ser instaurado estando vigente esta ley. Ojalá consigamos conjugar todos estos intereses concretando un diálogo social efectivo sobre esto, para así generar, como en otras cosas, una solución a la uruguaya que nos permita juntar todos estos intereses y estas visiones en común para el logro de los resultados que todos anhelamos.

Muchas gracias, señor Presidente. (m.r.c.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien, muchas gracias Doctor Mailhos.

Podemos abrir un espacio por si los ediles o edilas quieren hacer alguna consulta o realizar alguna intervención...

SEÑOR NOGUERA.- ¿Me permite, Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante, Edil Noguera.

SEÑOR NOGUERA.- Gracias, señor Presidente.

En primer lugar quiero agradecer la presencia de los señores representantes y, simplemente, ante el planteo realizado quiero hacer una breve reseña desde el punto de vista personal, basada en algunas experiencias de una sociedad con pocos habitantes y con una historia de trabajo, hoy por hoy, con avances tecnológicos.

La primera pregunta es si el diálogo social –al que se hace referencia– no comprende a la masa de los trabajadores en el diálogo con los representantes parlamentarios que son, a su vez, representantes de la población, electos legítimamente, una ley que es sancionada también en el marco democrático de la legitimidad que le da la participación popular.

En segundo lugar, el otro planteo que también hago –para despejar las dudas que yo pueda tener– es en cuanto al razonamiento del sector empresarial, cuando uno analiza algunas cuestiones que corresponden a ese Código Penal, por ejemplo: un accidente de tránsito donde una persona muere y se le tipifica homicidio culposo.

Yo traslado la relación a la responsabilidad sobre las obligaciones para tomar esas medidas de seguridad –medidas de seguridad que yo estudié hace 30 años, que le costaban al Estado, a los uruguayos todos, muchísimo dinero y le siguen costando, no solamente por concepto de accidentes de trabajo en lo que hace a todo el proceso en sí, sino por los daños colaterales–, y no tengo los parámetros porcentuales de cuánto le cuestan a los empresarios dentro de la sociedad en su conjunto esos accidentes laborales.

Yo comprendo que puede haber varios motivos de accidentes en las estadísticas –realmente lo desconozco–, pero hay estadísticas graves por muerte de trabajadores que no se pueden tapar por ningún lado. Yo creo que son más graves esas muertes.

Entonces, haciendo esa comparación con respecto a lo que puede ser una ley de tránsito –y lo estoy planteando sin conocimiento específico, letra por letra, de la Ley de Responsabilidad Penal que se está planteando, pero de acuerdo a la experiencia consideramos que los trabajadores son una de las partes garantes, hoy por hoy, con esa participación y organización, y han sido permanentes pujadores en el tema de la prevención laboral, no así todas las empresas, y hay estadísticas de permanentes sanciones a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a veces hasta reiteradas–, la pregunta es si no existe la posibilidad en lo que pueda ser el Código Penal del homicidio culposo cuando una empresa reitera las faltas sin tomar las prevenciones al respecto.

Acá no se trata de buscar culpables sino de asumir responsabilidades compartidas. No estoy planteando un debate, estoy planteando dudas. (c.g.)

Por todo lo dicho, lo tengo muy claro por haber sido trabajador, por estar en contacto con los trabajadores, pero también tengo muy clara la responsabilidad.

Es cierto que, a veces, hay negligencias en el uso, pero también hoy hay delegados que están atentos a ese tipo de cosas, hay una permanente comunicación. No hablo solamente de acá, donde la principal industria es el SUNCA y tal vez es el área de la construcción la que ha sido más dañada, por la cantidad de trabajadores, pero hay muchas áreas en las que no se toman las previsiones correspondientes. Tal vez en otras pasan más desapercibidas. En el área agropecuaria hasta tenemos agrotóxicos y en Varela el promedio de vida era de 50 años.

Sabemos que el Ministerio no puede tener un inspector en cada área de trabajo.

¿Cómo asumimos la responsabilidad que nos compete si no poseemos el capital para hacerlo? Más allá del respaldo en capital económico que puede tener una empresa, el otro principal capital que tienen las empresas es el humano. Es un interés que tiene que ser compartido. Desde ese punto de vista me gustaría saber qué es lo que piensa la Cámara Empresarial.

Gracias, muy amable.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, Edil Noguera.

Edil Balladares.

SEÑOR BALLADARES.- Gracias, Presidente.

Una duda muy concreta.

Leyendo el articulado de la ley que ya existía –que fue creada en el año 1989 y votada en el año 1990–, por lo que yo entiendo –por eso la consulta–, lo que se modifica es un artículo, solo una pequeña fracción. O sea que, cuando se dice que se crea una ley, para mí es falso, es marketinero; lo que entiendo es que se modifica un pequeño artículo y, tal vez, cambia el contenido de toda la ley.

En la parte civil –no voy a opinar sobre lo penal–, leyendo el articulado encuentro que también tiene una parte recaudatoria para el Estado, porque desde el momento en que concentra el Banco de Seguros para sí todo lo que antes tenía que destinar a accidentes laborales, hoy, con esta nueva ley, el Banco de Seguros se reserva ese gasto.

Entiendo entonces que tiene un fin recaudatorio para el Estado –visto desde el punto de vista civil–, pero dejo claro que no quiero accidentes en el trabajo; me ha tocado estar del otro lado, soy un trabajador, trabajé en andamios y en escaleras cuando era muchacho.

Tampoco sé si existe reglamentación para la familia de la persona a través del Banco de Seguros o si queda desprotegida y me gustaría saberlo.

Otro punto que me interesa decir es algo que me transfirió un empresario conocido, que me planteaba la siguiente situación: “A mis obreros yo les doy las herramientas de seguridad, les pongo todo a disposición pero si ellos, a la hora de comer, van y se toman dos o tres cervezas y vuelven al trabajo, ¿cómo controlo eso? ¿Cómo controlo si sale, fuma marihuana, después viene y se sube a un andamio?”. Tan de moda que está la marihuana hoy.

Esto lo transfiero aunque yo no lo vivo, pero sí me lo ha comentado gente que tiene empresa y es una duda.

Dice: “yo les doy las garantías para trabajar, pero ¿el responsable soy yo, voy preso yo?”. Resulta que cae preso poniendo todas las garantías. Entonces esa es la otra duda razonable que planteo.

Gracias, Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Edil Balladares.

Edil Moroy.

SEÑOR MOROY.- La pregunta que quería realizar es: ¿desde el momento en que se votó y se promulgó, con la respectiva reglamentación, cuántos casos de denuncias y cuántos procesos se han iniciado hasta el día de hoy? Y si en alguno ya hay algún fallo.

Nada más. Gracias. (m.g.g.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, Moroy.

¿Alguna respuesta?

SEÑOR MAILHOS.- Gracias, señor Presidente.

Quiero ser bien claro en algunos aspectos, porque me parece que hay que ser enfático. Comparto lo que decía el Edil Noguera, comparto su preocupación por conocer de una manera adecuada las estadísticas de accidentes, comparto que ningún trabajo vale una muerte –ni siquiera una– y comparto sus dichos porque son demostrativos de que los uruguayos –creo que todos– tenemos consenso en que un país como este no se puede permitir el lujo de no avanzar en temas de salud y seguridad para reducir los accidentes de trabajo. O sea, el objetivo es clarísimo y es compartido. Creo que sus expresiones van en ese sentido y yo las comparto. El problema es cuáles son los instrumentos y el problema es cómo llegamos a los mismos.

Usted hacía referencia a si no era diálogo social el que los trabajadores hablen con el Parlamento y yo digo que ese es un diálogo político, no es un diálogo social. Cuando hablamos de un diálogo social que refiere al trabajo estamos hablando de un diálogo social en el que se involucre el gobierno de turno, encargado de fijar la política laboral, las estrategias y lo que sea, en consulta con trabajadores y con empresarios.

De hecho, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo –al que yo hacía referencia– aprobó el Decreto Nº 291, que establece las comisiones bipartitas y también un delegado de seguridad, la existencia de un delegado de seguridad que es electo por los trabajadores y que tiene la obligación de analizar los riesgos que se pueden producir en la empresa, denunciarlos y procurar la solución al tema. Nosotros compartimos eso.

Ahora, si este delegado de seguridad no cumple y es negligente y otro compañero se accidenta, ¿va preso el empresario? ¿No está llamado a responsabilidad por incumplimiento de su labor? Son todas cosas que deberíamos pensar. Yo no excluyo ninguna solución y creo que las soluciones deben salir del diálogo entre las tres partes que son los actores en el trabajo.

El diálogo que se dio en esta ley fue político y no un diálogo social. Nos perdimos una oportunidad preciosa de llegar a una normativa mucho más trascendente.

El sector empresarial presentó un proyecto de ley al PIT-CNT y nunca nos contestaron. Se dijo que era en el último minuto, en el segundo segundo, en el tercer round… Yo qué sé… No sé. El diálogo no se hizo y nos perdimos la oportunidad de llegar a una solución que, a nuestro juicio, podría haber sido mucho mejor.

Yendo a lo que planteaba el Edil Balladares, quiero hacer un hincapié bien claro. Respecto a si esto, la modificación del artículo referido a los recuperos constituye o no una cuestión recaudatoria para el Estado, sí, creo que está bien que el Estado recaude.

Ahora, yo, como ciudadano, y creo que todos nosotros, nos merecemos que al menos nos digan cómo se hacen las cuentas o cómo se hacen las cuentas para que a mí, que tengo una obra, me fijen que por cada trabajador tengo que pagar $ 10 por accidentes de trabajo y que me expliquen cómo yo, que reduje la siniestralidad, que no tengo denuncias ante el Banco de Seguros o que la reduje a la mitad, sigo pagando lo mismo que pagaba antes. (a.g.b.)

Eso no es razonable, eso no es justo y no genera los incentivos adecuados para que las cosas puedan mejorar; no los generan.

Ya que se ponían los ejemplos de los accidentes de tránsito… El Banco de Seguros, si no tienes un año accidente, 10% menos, 20% menos, 30% menos, 40, 50, 60%… ¿Tuviste un accidente? Vuelta atrás, pagas distinto. ¿Qué se privilegia, entonces? Se privilegia que haya menos accidentes de tránsito, que la gente sea más criteriosa al conducir, que se cumplan las normas de uso de casco, cinturón, etc..

Fíjense ustedes que los estudios hoy nos dan, en accidentes de tránsito, que la obligación de usar el cinturón de seguridad para protección personal –para todos nosotros, no en calidad de trabajadores sino en calidad de ciudadanos que vamos en un vehículo automotor, en una moto o en lo que sea–, el cumplimiento de la norma de cinturón de seguridad y de la del casco, tiene un acatamiento de menos del 60%. Eso hoy.

Entonces, fíjense ustedes si no será un tema cultural el hecho de que nosotros no asumamos protegernos frente a un accidente de tránsito. Si esto lo extrapolamos al tema del trabajo, vaya si tenemos un largo camino que recorrer y vaya si tendremos que ir de la mano en ese camino. Nosotros estamos apostando a eso.

No es una apuesta del día de hoy porque hay una ley, es una apuesta desde siempre, por lo menos del sector formal de la economía. Tenemos otro negocio: en nuestro país todavía seguimos teniendo un 30% de actividad informal en nuestra economía, donde no entran los sindicatos –¡no entran en el 30% de la economía!– no entran las Cámaras Empresariales y tampoco entra, lamentablemente, la Inspección del Trabajo, que sigue cazando en el zoológico.

Entonces, mientras tengamos esta brecha, que es cada vez mayor, entre una economía formal y una informal, y si analizamos leyes como la llamada Ley de Inclusión Financiera, que va a seguir aumentando la brecha, quizás tengamos un fenómeno de argentinización, en el cual la ventaja va a ser moverse en un mundo o en el otro.

Yo sí creo que hay que hacer algo de manera mancomunada, esto no es de hoy, esto tampoco termina hoy, porque nosotros creemos en la capacitación permanente, en la sensibilización permanente, en la generación de incentivos, en trabajar todos de manera conjunta.

No me voy a expresar demasiado respecto al tema de los empresarios que dan los elementos de seguridad y que el trabajador, por una u otra razón, no los utiliza. Ha sido uno de los argumentos del sindicato el decir “si no cumple y no se pone el cinturón, sanciónalo”; “si no cumple y no usa los tapones en los oídos, sanciónalo”; “si no cumple y no usa las botas, sanciónalo”; “si viene en condiciones en que no puede ingresar al trabajo, sanciónalo”; “si destrata al compañero, sanciónalo”; “si pone en riesgo…, sanciónalo”. ¿A quién, al empresario? Después son los propios sindicatos los que cuestionan, en la mayoría de los casos, muchas de esas sanciones.

Entonces, a nuestro juicio, no es incentivar el uso del poder de dirección porque eso, en general, genera fricciones. Debe ser algo que se establezca como protocolo, en el que crea el trabajador y que le resulten aceptables las condiciones.

Yo comparto que decía el edil: el trabajador es un agente fundamental para conocer los riesgos que conlleva la actividad. Eso muchas veces no lo conoce el empresario, mucho menos el Estado, que lo tiene que poner en consideración y tiene que ser él el que dé los elementos para superarlo.

La ley de cannabis y su reglamentación, para mí –es una opinión personal y no institucional– va a generar dificultades en cuanto a esta situación que ese empresario le comentaba, porque el empresario va a poder adoptar todas las medidas de seguridad y si la persona viene bajo efectos de cannabis o de lo que sea, se va a generar un lío peor porque el empresario va a tener la posibilidad de denunciar. (m.b.r.p.)

¿Cuántas denuncias hay? Nosotros conocemos dos: una la de ADEOM, la otra en el sector rural, y no hay pronunciamiento judicial hasta donde nosotros conocemos.

En definitiva, yo quiero reiterarles el agradecimiento, el respeto y, sobre todo, destacarles que, más allá de que hoy nosotros estamos diciendo que rechazamos enfáticamente este instrumento legal, también con el mismo, o con mayor énfasis, estamos diciendo que el sector empresarial quiere apostar a la salud y a la seguridad en el trabajo, el sector empresarial representado en las cámaras quiere hacerlo. No estamos diciendo que todos seamos buenos, que todos seamos lindos, pero estamos dispuestos a transitar ese camino y lo queremos transitar todos juntos y no de una manera separada, como lo fue la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien, no tenemos a nadie más anotado, así que lo que nos queda es agradecer al Doctor Mailhos y a los representantes de la Cámara Empresarial de Maldonado por haber aceptado esta invitación y estar siempre a las órdenes por cualquier inquietud.

(Durante esta exposición se retiran los Ediles Liliana Capece, Graciela Caitano, Carlos de Gregorio, Graciela Ferrari, Oscar Meneses, Héctor Plada, Luis Artola y Carlos Stajano e ingresan los Ediles Cristina Pérez, Iduar Techera, Juan Valdéz, Darwin Correa, Santiago Clavijo y Adolfo Varela; alternan banca los Ediles Leonardo Delgado y Nátaly Olivera).

VARIOS SEÑORES EDILES.- Cuarto intermedio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos un cuarto intermedio, entonces.

SE VOTA: unanimidad, 25 votos.

(Siendo la hora 22:37 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora 22:42 minutos, ocupado la Presidencia el Edil Fermín de los Santos con la asistencia además de los Ediles titulares Graciela Ferrari, Hébert Núñez, María Cruz, Efraín Acuña, Diego Astiazarán, Daniel Rodríguez, María del Rosario Borges, Sebastián Silvera y los Ediles suplentes Juan Sastre, María C. Rodríguez, Washington Martínez, Douglas Garrido, Graciela Caitano, Flavio Maffoni, Iduar Techera, Diego Silveira, Juan Valdéz, Carlos Stajano, Darwin Correa, Nelson Balladares, Andrés Fernández Chaves, Santiago Clavijo, Wenceslao Seré y Pablo Gallo). (cea)

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Estando en número, proseguimos con el NUMERAL III) SE RECIBE EN SALA a representantes nacionales del SUNCA, quienes explicarán los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.

Nos acompaña el Secretario General Nacional del SUNCA –señor Oscar Andrade–, el Secretario General Departamental del SUNCA –señor Pedro Arismendi– y el Presidente Departamental del SUNCA –señor Washington Pintos–.

Vamos a darle la palabra al señor Oscar Andrade; adelante.

SEÑOR ANDRADE.- Buenas noches.

En primer lugar quiero agradecer la invitación y felicitar a los ediles por la iniciativa. Entiendo que colocar este tema en la agenda es un enorme avance, un avance por encima de corrientes de pensamiento y de representaciones sociales; abordar un tema de estas dimensiones sociales es un gigantesco aporte. Ojalá sostengamos el debate de los temas de salud laboral y seguridad industrial. Siempre decimos que la primera batalla que tuvimos que dar fue la de colocarlos en la agenda.

Yo quedé sorprendido cuando Juan sostuvo hace un rato que no existen estadísticas de siniestros. Hay ediles que tienen Internet, es entrar en la página del INE, entrar en los anuarios estadísticos y van a encontrar, de todos los años, en el capítulo que habla de ingresos y salarios, referencias a la cantidad de trabajadores siniestralizados, la cantidad de trabajadores por rama que sufrieron siniestros, la cantidad de trabajadores que quedaron discapacitados de por vida y la cantidad de defunciones aceptadas. De todos los años.

Yo tengo acá las estadísticas desde 1908 hasta la fecha –y les voy a dejar copias–, porque me parece absurdo que estemos debatiendo si hay o no registro de esto. Le vamos a dejar copia a cada uno de los ediles para que no debatamos más acerca de si hay o no documentación de la siniestralidad.

Son dramáticos los datos de siniestralidad. Por ejemplo, en el año 2012: 544 trabajadores quedaron con una discapacidad de por vida; si uno estima que hay algo más de 200 jornales, cada día en el trabajo 2 trabajadores sufrieron un siniestro en el que quedaron con una discapacidad de por vida. Si uno hace una gráfica para comparar con el mundo –y yo creo que esa es una tarea que hace a un estudio riguroso del tema–, por cada 100.000 trabajadores ocupados dependientes –tuvimos 1.258.000 trabajadores uruguayos dependientes no cotizantes, ¿no?, cotizantes dependientes a la seguridad social ese año–, 43 quedaban con una discapacidad de por vida. Mismo dato para el año 2011. (dp)

Y en los años 2011 y 2012 tuvimos 35 y 49 defunciones aceptadas por el Banco de Seguros, por lo que de acuerdo a la cantidad de trabajadores registrados en la Seguridad Social, mueren más de 3 trabajadores cada 100.000, dato que es doloroso.

Pero la primera batalla que dimos es esta, una batalla contra la irracionalidad. Repito: cualquiera que hoy tenga acceso a Internet –que no es una cosa tan difícil, compleja– encuentra los datos de siniestralidad del Banco de Seguros. Es más, Juan, que participa en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad los recibe todos los años de la Inspección del Trabajo.

Sí puedo compartir que no tenemos un dato de toda la siniestralidad. Estos datos, que son dolorosos, no son toda la siniestralidad, porque hay siniestros que no culminan en el Banco de Seguros del Estado. O sea, hay trabajadores y trabajadoras que sufren siniestros que terminan en un hospital público porque no estaban registrados en la Seguridad Social, porque recibieron presiones para que no hicieran la denuncia.

Es más, el Banco de Seguros tiene una forma de medir la siniestralidad mortal que nosotros no compartimos: cuando un trabajador sufre un siniestro –por ejemplo, queda cuadrapléjico y muere a la semana–, el Banco de Seguros no lo computa como muerto; computa como muerto solamente al que al momento en que se hace la denuncia murió. Entonces, estos datos, que son dolorosos, imaginemos que son peores.

Nosotros igual optamos por usar los datos oficiales del Banco de Seguros –cada información que damos hacia afuera son datos registrados del Banco de Seguros– porque si entramos en el terreno de la estimación, de estimar cuánto de la informalidad termina en accidente… Yo sé que este año tuvimos tres muertos en la industria de la construcción que no están en esta estadística del Banco de Seguros: un trabajador que murió estando en negro en el Hospital de Clínicas, cayendo desde la altura sin cinto de seguridad, otro trabajador que muere al mes del siniestro, por tanto tampoco aparece registrado como muerto, y una tercera muerte, en Paysandú, que tampoco se denuncia; el trabajador cae, se incrusta una varilla en el pulmón y muere al mes, y cuando se hace la denuncia… la obra no estaba organizada.

En general, una proporción muy alta de los siniestros ocurre en los centros de trabajo que carecen de organización sindical. Cualquiera que estudie el tema con rigurosidad va a encontrar que hay un vínculo muy íntimo entre la desregulación laboral y el siniestro; muy íntimo.

Pero manejamos estos datos y estos datos son de por sí muy duros, y haber colocado en la agenda un tema tan duro es de por sí positivo.

En Uruguay, la principal causa de muerte son los suicidios. Es un problema sobre todo de los jóvenes. La última encuesta nacional de la juventud y de la adolescencia ubica que casi 1 de cada 10 gurises intentó suicidarse. Es un drama, el drama de los jóvenes es más ese que cualquier otro. Otro día hablaremos de eso…, pero un 20% de los gurises estuvo tan triste que por dos semanas no hizo nada…

La segunda causa de muerte es los accidentes de tránsito y la tercera los siniestros en el trabajo.

La tercera causa de muerte en Uruguay son los siniestros en el trabajo.

Uruguay tiene 23.815 pensiones a trabajadores uruguayos que quedaron con discapacidad de por vida. Es un dato que cualquiera puede tener. Es toda la población de Flores, o sea, un departamento entero de discapacitados en el trabajo, para medir de lo que estamos hablando.

La segunda batalla cultural… La primera es esta: demostrar el tamaño del problema, que estamos ante un problema de mucho dolor. Cada uno de estos números es un trabajador, que tiene hijos, que tiene vecinos, que tiene hermanos, que merece respeto desde el punto de vista del estudio de la siniestralidad, merece ser tratado con cuidado.

Nosotros hicimos un trabajo con la Cátedra de la Facultad de Medicina cuando nos bombardearon con el tema de las adicciones. Y las adicciones son un problema de la sociedad, no de los trabajadores, de la sociedad, en todos los niveles posibles. Se pueden encontrar, con problemas de adicciones, desde el Presidente de la República a Intendentes u obreros de la construcción. (k.f.)

Decía que hicimos un trabajo con la Cátedra de Salud Laboral y con el Decano de la Facultad de Medicina, quien estudió un lapso de 25 años de siniestros mortales en la construcción –esta publicación está en las redes– e investigando esos 25 años encontró un solo caso de muerte en la construcción que refería a problemas de adicciones. Para dimensionarlo y para no entrar en una leyenda que no merecen las familias de los compañeros, porque son muchos los gurises que quedan huérfanos y las viudas, y merecen que tratemos con mucho respeto un tema que es de honda dimensión social.

La segunda batalla cultural, más importante que esta primera, que sin ser Míalos creo que nadie desconoce… Reconozco que todos los partidos políticos que debatieron esto en el Parlamento reconocieron las estadísticas de décadas que fueron presentadas. Ningún partido político negó las estadísticas. Creo que el único en el Uruguay que niega esas estadísticas es Mailhos.

La circunstancia es que, una vez abordado el tema, vemos que en el mundo hay países que tienen una tasa de siniestralidad que es de 2/3 de la de Uruguay. La siniestralidad en Europa, por ejemplo, se mide por cada 100.000 ocupados; algunas llegan casi a la mitad.

Tenemos que dar una batalla que ya se dio en Uruguay por consenso; el 15 de julio de 1914 se votó la Ley Nº 5.032, primera Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo en el país, y se promulgó el 21 de julio.

Me tomé el trabajo de seguir todo el debate parlamentario que hubo sobre esa ley durante dos años –y el debate de la prensa– el período de los dos años anteriores a que saliera la ley, que fundamentalmente se instauraba por la muerte de niños, que era muy frecuente. El trabajo infantil no estaba limitado y los que más morían en las fábricas eran los niños; hubo conflictos sindicales muy fuertes por la muerte de niños en el trabajo con máquinas. Y el Uruguay definió por ley, hace 100 años –creo que de los pocos que no sabe eso es Mailhos, por más que es abogado–, que la responsabilidad sobre las condiciones de trabajo es del empresario; por ley se definió. La ley es clara y contundente.

En 1908 se creó la Oficina del Trabajo, por eso los datos que tenemos de accidentes son desde 1909 para acá, que están al alcance de quien quiera tenerlos desde el punto de vista de medir la siniestralidad. Hay países que tienen, proporcionalmente –por cada 100.000 mil ocupados–, casi la mitad de siniestralidad que Uruguay. Y hay países que tienen 40 veces más siniestralidad que Uruguay, 40 veces.

¿Qué es lo que queremos decir? La siniestralidad no es un resultado del azar, de la suerte, del destino, del capricho; es un resultado de condiciones concretas de organización del trabajo, jurídicas, culturales.

Nosotros denunciamos a la FIFA –con mucha fuerza–, no tanto por la mordida de Suárez y la sanción, sino por las muertes en Catar. Nos da mucha vergüenza que se estén construyendo estadios lujosos con trabajo esclavo o semiesclavo y que mueran por día dos trabajadores deshidratados en un desierto. Nos da mucha vergüenza como humanidad. Hay países que tienen esa condición brutal no asociable a la suerte.

Pero el asunto es que no hay que ir a Catar ni ir…

Supe que hay ropa, para el trabajo de forestación en Europa, de tal calidad de fibras que, aunque un trabajador quiera cortarse intencionalmente la mano, no puede hacerlo.

Y en Canadá, como en Uruguay ahora, gracias al nuevo decreto de seguridad, no se puede entrar a la construcción sin curso de seguridad previo, una cosa que tendríamos que saludar y agradecer, sobre todo cuando se sostenía que esta ley no iba a ayudar a generar medidas en materia de salud y seguridad. Eso es hoy una realidad para toda la industria de la construcción del país. Fue una noticia poco difundida, increíblemente, a pesar de ser un avance sustancial para las condiciones de trabajo de una rama que ha trabajado mucho en los temas de salud y seguridad.

No hace falta ir a Catar o ir a… Ustedes fíjense… Colocamos una ley diciendo que la siniestralidad en Uruguay es muy alta, pero miremos en términos históricos cuánto contribuyó la desregularización laboral, la ausencia de negociación colectiva, a la siniestralidad. En el año 1991 no teníamos 1.258.000 trabajadores registrados en la Seguridad Social, teníamos 668.000. Y no tuvimos 544 trabajadores discapacitados, tuvimos 1.200. O sea, por cada 100.000 ocupados teníamos 180 trabajadores que quedaban discapacitados, cuatro veces más. (a.f.r.)

Si el siniestro fuera un resultado de la suerte, teníamos mucha menos suerte; teníamos menos suerte. 180 en el año 91 y 178 en el año 92.

En el año 93 no tuvimos tres trabajadores muertos por cada 100.000 ocupados –estamos hablando de todas las ramas de actividad; todas–, sino 12. ¿Qué queremos decir? Si la siniestralidad del momento de mayor desregulación la tuviéramos con los niveles de empleo actuales, tendríamos 2.300 trabajadores que quedarían discapacitados de por vida cada año y más de 160 trabajadores muertos. O sea, no hay que ir a comparar Catar con Alemania, uno de los países que tiene menos siniestralidad. El Artículo 6º del Código del Trabajo de Alemania establece la Ley de Responsabilidad Penal y nadie dice que sea un país atrasado. En España, en Italia, en Bélgica, en Inglaterra…

Para que todos nos entiendan: ¿qué es lo que hicimos? Fuimos a estudiar los países que tienen menos siniestralidad y a ver qué normas habían ayudado a que bajara la siniestralidad en esos países. Eso es lo que fuimos a hacer. Y en algunos países estudiamos hasta 17 años para ver el efecto sobre la siniestralidad desde la aprobación de la ley.

Los países que tienen menos siniestralidad han entendido y han adelantado la barrera punitiva. ¿Cuál es la referencia conceptual? Es la siguiente: los incumplimientos conscientes del empresario… A mí me generó una enorme sorpresa que se sigan dando ejemplos de accidentes cuando la ley no refiere al accidente; no hay una ley que penalice el accidente, ese es un absurdo creado por algún asesor empresarial y por la prensa. Lo que penaliza la ley es el incumplimiento consciente de la normativa laboral, incumplimiento de la parte que el empresario tenía que cumplir. Está claro que la ley ni remotamente establece responsabilidad empresarial cuando el que incumple es el trabajador; ni remotamente.

Pero, ¿la ley penaliza cualquier incumplimiento empresarial? ¡No! No penaliza el incumplimiento de no entregar zapatos o de un baño roto; penaliza el incumplimiento que genera un riesgo de vida al trabajador. O sea, penaliza cuando el incumplimiento laboral es tan grave, de tal magnitud, que pone en riesgo inminente de muerte. O sea, “peligro grave y concreto”, según la docena de asesores juristas que trabajaron en la norma –y hoy, a la luz de la ley, nadie discute eso–, es aquel altamente probable.

Por ejemplo: ¿se nos puede caer el techo hoy acá? ¿Es posible? Es posible. No es imposible que se nos caiga el techo, pero no parece probable, ¿no? Siendo una cosa posible, no es probable. La referencia a “peligro grave y concreto” es a aquella condición de violación de tal magnitud, de tal importancia, tan grave que pone en peligro de vida a un trabajador.

Nosotros estudiamos los siniestros ocurridos en la construcción en un lapso de más de 25 años, la causa principal de muerte en la construcción es la caída de altura. La mitad de las muertes en la construcción que se registran son debido a una caída de altura, y más de un tercio de las caídas de altura suceden en obras en las que no había cinturón de seguridad; ¡no había! O sea, no hay ninguna posibilidad remota de saber si quiso o no engancharse, no había ningún cinturón de seguridad. Ninguno, cero.

Lo que el legislador entendió, lo que la ley entendió, es que esa condición de organizar un trabajo en altura y no otorgar cinturón de seguridad en Uruguay no se multa más, ahora pasa a ser un delito. ¿Para qué? ¿Para llevar empresarios presos? No, para que se dejen de timbear la salud y la vida de los trabajadores. Es evidente que el objetivo que busca la ley o que establece como objetivo principal es ese.

Nosotros llevamos legislación comparada –todos los partidos políticos la tienen; la estudiamos durante mucho tiempo, trabajamos muchos años en esta norma– de cuánto impactó esta ley en otros lugares. España tenía casi 10.000 muertes por cada 100.000 trabajadores cuando votó la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial con el delito de peligro; la redacción es similar a la uruguaya, pero es algo más rigurosa que la nuestra. La norma española, por ejemplo, establece que si el empresario no conoce la norma, igual puede ser sancionado; sin embargo, en el caso de Uruguay, la violación tiene que ser consciente, o sea, tiene que probarse que se violó conscientemente la normativa. El Código Penal Uruguayo –lo sabe un estudiante de Derecho de primer año– no admite posibilidad salvo para lesión o muerte, y como esta no es una ley que refiera al accidente, por eso es homicidio culposo; para el resto no establece la posibilidad culposa y por eso es dolosa, intencional, con conciencia e intención.

España tenía 7.000 y pico de accidentes por cada 100.000 trabajadores y pasó a 2.000, o sea, la mitad de los accidentes que registra Uruguay hoy y también la mitad de los accidentes mortales. Fue notable el avance de la ley. (a.t.)

España, más rigurosamente todavía que Uruguay, presenta estadísticas; quedé sorprendido cuando la Cámara de Comercio, por asesoramiento de Mailhos, sostiene que la disminución en España había sido residual cuando disminuye a una cuarta parte los siniestros. Es difícil de entender que sea una disminución residual una disminución a una cuarta parte de los siniestros.

Una vez colocado el tema, batalla principal del tremendo drama social de la siniestralidad –drama a veces en silencio–, vemos que la principal rama que sufre siniestros es el trabajo rural, después la industria manufacturera, después la pesca y cuarta la construcción, para aclarar términos. El problema es que hay ramas de actividad que tienen menos capacidad de denuncia y, cuando se tiene menos capacidad de denuncia, el muerto no es noticia; por lo tanto, tampoco pasan a tomarse medidas que tengan que ver con atender la condición del siniestro.

Nosotros ahí tuvimos que abordar cuatro componentes importantes para pensar en esta normativa. Lo primero es si la ley es justa o no. Es justa mirando los delitos que existen en el Uruguay, si es justo que se admita un proceso penal. La ley establece una pena que es excarcelable, creo que todos lo saben, pero para sostenerlo. Acá se dice mucho del empresario preso. Preso tendría que ir el que cometa dos veces el delito de violar la normativa laboral y poner en riesgo de muerte a un trabajador. Tendría que hacerlo una vez, que se demostrara ante un juez y volver a hacerlo para tener la posibilidad de un proceso penal.

Establece un delito de peligro. Hay muchos delitos de peligro en el Uruguay. Está el delito de peligro de incendio, está el delito de peligro de adulteración del agua potable, o sea que es delito de peligro adulterar el agua aunque nadie la haya bebido. Es penado por la ley hacer un fuego en una zona no permitida aunque el incendio no se genere, es delito. Con penas mayores a esta, más del doble de penas que esa ley. Es delito de peligro el desastre ferroviario. O sea, quien rompe una señalización del tránsito ferroviario... Estamos hablando del gurí que con un grafiti fue y tapó la señal de “Pare”. Es un delito que tiene cuatro veces más pena que este que generamos.

Existen varios delitos de peligro, no creamos el delito de peligro. El tema es, comparado este delito de peligro desde el punto de vista de la importancia del bien jurídico a tutelar –que es como hablan los abogados penalistas desde el punto de vista de la importancia de las leyes penales–, si lo que estábamos protegiendo era de mayor importancia o no.

14.504 uruguayos, solamente del año 90 a 2012 murieron en accidentes de trabajo o quedaron con alguna discapacidad permanente. Si uno compara con los accidentes ferroviarios, con los que pueden haber sido envenenados por adulteración de agua potable, con los demás delitos de peligro, hasta con el de incendio… En Uruguay murieron 65 uruguayos por incendio entre el 2005 y el 2012. Pero no murieron por el que hizo un asado de bandido en la Costa de Oro, murieron de pobres. Nos tiene que dar mucha vergüenza. Yo abracé este tema queriendo comparar delitos y la verdad duele mucho, porque la mayoría de los uruguayos que murieron en incendios son niños que murieron en inviernos muy duros, en asentamientos muy precarios, por calefacción en bajas condiciones. En un país que tiene 250.000 viviendas vacías. A mí me da vergüenza.

span>Pero si comparamos cualquiera de estos delitos de peligro que existe en Uruguay con la siniestralidad laboral, esta es mucho más dura desde el punto de vista del impacto social que tiene que los delitos de peligro. Además estábamos colocando una pena que es menor. Además en este caso es excarcelable; cuestión que acordamos en términos de que lo importante no era aumentar la población carcelaria. Los que dijeron que iba a aumentar la población carcelaria, hoy no hablan una palabra.

Yo escuché tantos disparates con el debate de la ley. Fíjense que hubo quien dijo –sé que no muchos porque nadie serio puede decirlo– que una doméstica se tropieza por la escalera y puede ir presa el ama de casa. Una barbaridad. Quien lo dijo tiene que estar con problemas mentales. El trabajo doméstico –cualquiera que estudie Derecho Laboral lo sabe– no tiene normativa de seguridad laboral. No tiene, no existe norma de seguridad laboral. Por lo tanto, para un ama de casa violar normativa de seguridad laboral que no existe, es imposible. Incumplir esta ley, violar normativa de seguridad laboral y poner en riesgo de muerte… Escuché a legisladores decir esto. (g.t.d)

O sea, si se habrá generado una campaña que no tiene nada que ver con la norma que estamos votando, también relacionada con el siniestro. Bueno, y los ejemplos del alcohol son todavía más absurdos, porque pensar que se puede procesar penalmente a un empresario por el alcoholismo del trabajador significa no haber leído la norma ni a 200 cuadras…

Ahora, la circunstancia ahí es que veamos un poco entre todos cuáles son los delitos en Uruguay. Supongamos que un paisano está sin trabajo y agarra la changa de ir a la vuelta del BPS a ofrecer plata para afiliarse a una mutualista. Creo que todo el mundo sabe que eso pasa en Uruguay; capaz que algún incauto no lo sabe, pero eso es delito en Uruguay: un delito con una pena mayor que este que creamos sobre el siniestro en el trabajo. ¿Alguien puede pensar que es más grave ofrecer $ 2.000 para afiliarte a la Médica Uruguaya que habilitar un andamio que está podrido y poner gurises a diez pisos de altura, sin ninguna seguridad, poniendo en riesgo sus pellejos? Bueno, solamente alguien que tenga escasa sensibilidad sobre el tema de la siniestralidad. Y yo voy a defender que hay distintas sensibilidades sobre el tema de la siniestralidad, es decir, no todos tienen la misma sensibilidad. No es un insulto, es una convicción.

Si un empresario viola una norma tributaria, porque ganó $ 100 y a la DGI le declara $ 99, va preso por defraudación fiscal, que es delito –tuvimos a Rupenian, al de La Pasiva, etc.–. Ahora, violar una norma tributaria ¿es más grave que violar una norma laboral y poner en grave riesgo de muerte a un trabajador o a una trabajadora? Si eso es así, ¿en qué país estamos…? Bueno, yo sé que hubo titulares de prensa absolutamente absurdos: “Empresarios al paredón”, titular de prensa del diario El País. Empresarios al paredón…”, por una ley excarcelable con una carga de prueba altísima –altísima–, porque es difícil de probar el peligro grave y concreto. Y ante la duda, se está a favor del acusado; lección básica de Derecho Penal: ante cualquier duda que exista en el proceso sobre si hubo o no consciente violación de normativa, el empresario queda absuelto.

Yo estudié 25 años de sentencias sobre los accidentes de trabajo más graves, los mortales, no sobre delitos de peligro; es decir, cuando el trabajador muere o queda con discapacidad. En 22 años hubo cerca de 50.000 trabajadores que pasaron por intervenciones quirúrgicas, pero para contar a los empresarios procesados me sobran dedos de una mano.

Ahora, hacerle creer a la gente que la Justicia que no procesa en caso de muerte o lesión grave va a procesar discrecionalmente por delito de peligro es tener profunda ignorancia de cómo funciona el sistema penal o es tener mala intención. En algunos casos sé que hay profunda ignorancia –hay quienes opinan y no conocen del tema, no lo han estudiado–, y en otros casos creo que no hubo buena intención para hacer comprender el debate y hubo irresponsabilidad al generar una noción de que todos vamos a ir presos. Capaz que el ejemplo más ridículo es el que se dijo del peón que cae del caballo y que por eso podía ir alguien preso. Alguien me tendría que explicar qué norma laboral violó el empresario, poniendo en grave riesgo a ese peón. ¡Cuál…! Es claro que no tiene nada que ver con la norma que estuvo aprobada.

En definitiva, comparado con otros delitos, no tenemos dudas de que es justo que sea delito.

A nosotros nos duele muchísimo la siniestralidad –muchísimo–, y repito que sé que hay distintas sensibilidades. El otro día yo ponía un ejemplo. Mi hermano es educador popular, trabaja con niños huérfanos y pasa Navidad y fin de año con ellos. Tiene más sensibilidad que yo sobre ese tema porque le dedica la vida a eso, yo no; entonces no puedo decir que le dedico la vida.

Hay compañeros que le dedicamos la vida a este tema de la salud y de la seguridad, en toda la cancha. La última casa que hice fue en La Carbonera, para la viuda de un militar –un buzo que murió en un accidente en el cateo del muelle–, pero hay compañeros que todos los fines de semana van a trabajar para las casas de las viudas. Nosotros llevamos donados más de $ 15.000.000 para familiares de personas que murieron en accidentes de trabajo y más de $ 10.000.000 para hogares de discapacitados. Esto no lo digo para que se sepa, pero es raro que no se sepa; si fuera Tienda Inglesa, seguramente hubiera tenido mayor repercusión.

También hay cientos de compañeros que destinan jornales y horas solidarias, y cada vez que muere un trabajador hacemos una colecta de una hora para la familia. A mí me ha tocado muchísimas veces informarle a la familia de algún compañero que este murió en un accidente de trabajo. (m.r.c.)

Este año el primero que me tocó fue el “Tarta”, que además lo conocía; me tocó avisarle a la madre, a la mujer y a los hijos. Murió porque le faltaba el precinto de seguridad al guinche, si no, no podía nunca zafar la faja; al otro día había precinto de seguridad. Es una infamia –¡es una infamia!–; después tuvimos el caso en el Clínicas.

Este año el único caso en el que no hubo ninguna responsabilidad empresarial fue el último, el compañero al que atropella un paisano que iba mamado en un vehículo. Después, ¿los demás? incumplimientos laborales, condición central para explicar la siniestralidad, ¡central!

Pero bueno, tenemos que transitar también con una institucionalidad armada para promover la impunidad. Por ejemplo, hasta esta ley los jueces archivaban los casos sin tener ni siquiera el informe del Ministerio de Trabajo. Una cosa increíble.

Y se decía: “No. Ya existe Ley de Responsabilidad Penal. Ya existe”. Sin embargo, existía una institucionalidad. No se investigan los accidentes para entender la causa, solamente se investigan los accidentes y los siniestros para entender la condición de si el siniestro fue en el trabajo o fuera de él. Bueno, militamos contra esa forma de atender la condición del trabajador asalariado.

Se dijeron de esta norma tres cosas. Primero, que la norma iba a ser inútil y no iba a ayudar a disminuir la siniestralidad. Lo segundo que se dijo de la norma era que es injusta y que iba a generar aumento vertical de la litigiosidad, o sea que a partir de la ley iban a ir presos empresarios por cualquier accidente; cualquier accidente: un empresario preso.

En Uruguay hay cerca de 1.000 accidentes por semana. Tenemos seis meses de aprobada la norma. A esta altura tendríamos que tener 24.000 empresarios presos, ¡24.000! Muchachos…

Lo que me cuesta entender es que no haya un milímetro de autocrítica, que nadie salga a decir: “No, no, lo cierto es que en este plano de la litigiosidad es claro que nada tuvieron que ver los pronósticos de catástrofes con la realidad”. Pero, además, muchos lo sabían. Por cada 40 procesamientos por delito de muertes en el trabajo hay uno por delito de peligro en los países en los que se ha aplicado. Y si en Uruguay en 22 años me sobran los dedos de una mano para contar los procesados por muertes en el trabajo, por favor, pongámosle sentido común a lo que estamos hablando.

Lo segundo que se dijo es que la ley no iba a ayudar a promover medidas de salud y seguridad, que por poner una ley penal no iba a ayudar.

A partir de la ley, yo tengo acá el informe del Colegio de Prevencionistas, se duplican las consultas a los técnicos prevencionistas –se duplican–, no es que crece un 10%, se duplican. Se triplican los protocolos de salud y seguridad –¡se triplican!–. Y tenemos, a julio de este año, 25.577 siniestros, cuando teníamos a julio del año pasado 28.092 siniestros; o sea: tenés un descenso de casi el 9% de la siniestralidad. Yo sé que para medir un descenso hay que esperar más tiempo, que seis meses no es tiempo suficiente, que para medir un descenso de la siniestralidad habría que tomar tres o cuatro años. Por eso yo tomé el período de los 90 en términos de cómo afectó la desregulación laboral a la mayor siniestralidad de la Historia del país.

Pero ustedes tienen que entendernos, cuando se anuncia que se va a derogar la ley, yo no sé si voy a tener más tiempo para poder comparar. En realidad, la perspectiva nuestra es “esperemos tres o cuatro años de la norma”, porque estamos convencidos de que en tres o cuatro años de la norma iba a ser todavía más contundente el dato que iba a demostrar que el efecto que todos queremos precisar después se encuentra para cualquiera que recorra centros de trabajo en cosas mucho más concretas, cotidianas y tangibles que el discurso retórico.

Voy a poner un segundo ejemplo para no hablar de la siniestralidad. En la construcción, de marzo a setiembre del año 2012, tuvimos seis trabajadores que murieron en accidentes de trabajo; de marzo a esta fecha, setiembre del año pasado, tuvimos siete trabajadores que murieron en accidentes de trabajo y, este año, de marzo a setiembre, tuvimos tres trabajadores que murieron en accidentes de trabajo.

¿Alcanza para una conclusión definitiva? No. Hay que esperar más tiempo. Ahora, estoy seguro de que si fuera al revés, nos hubieran masacrado en términos de la opinión pública, pero masacrado.

¿Cuál es el triunfo de la organización sindical? ¿Que se vote la ley? No. Que la ley contribuya a que descienda la siniestralidad.

Las trabajadoras del Frigorífico San José y –debo llevar unas 400 asambleas hechas por el tema de esta ley–, el siniestro más importante que tenían era que perdían las uñas porque limpiaban los azulejos del frigorífico manchados de sangre con un tóxico tan potente que les arrancaba las uñas, y ahora tienen guantes. (c.g.)

Los trabajadores portuarios que estaban trabajando montados a 10 o 12 metros de altura, ahora tienen cinto.

O sea, abajo los trabajadores tienen claro que esta ley no es marketinera, tienen claro que les genera una condición de salud y seguridad que no tenían antes y que generó una incorporación de normas de salud y seguridad.

¿Por qué se aprueba el 161 después de la ley? ¿Por qué el 125 en materia de salud, seguridad e higiene? ¿Por qué se faculta ahora tener posibilidades inspectivas a los delegados obreros de seguridad? Fue antes.

Nosotros somos defensores del diálogo social.

Mailhos olvidó una cosa que para mí es central informar; nosotros presentamos una propuesta integral de salud y seguridad, la hicimos al otro día en que se votó la ley.

La propuesta tiene cinco ejes:

1º) Un esfuerzo multiplicador de la educación, que no le cueste un peso a las empresas, financiado por INEFOP, o sea, generar las condiciones para formar a 5.000 delegados de salud y seguridad obreros.

2º) Generarle a estos delegados facultades inspectivas para cuando encuentren que hay riesgo de muerte.

3º) Incorporar una campaña de sensibilización nacional que también aborde los temas educativos, pensando en que mañana tendríamos que tener módulos que preparen salud y seguridad en el trabajo.

4º) Un registro de empresas infractoras y a la empresa que es muy infractora en materia de salud y seguridad dejarla afuera de compras, licitaciones públicas y ahí también generar sanciones escalonadas.

5º) Protocolos.

¿Saben qué nos contestan las 24 cámaras empresariales, que hoy me enteré que defienden el diálogo social? Que no tienen ningún interés en discutir nada con el movimiento sindical en materia de salud y seguridad, lo tenían hasta que se votó la ley. Desde el 18 de marzo estamos esperando tener una reunión para poder discutir algunos de estos temas que contribuyan a salvar vidas, que contribuyan a que más trabajadores vuelvan sanos.

No sé de qué partidos son los trabajadores que vuelven sanos. Nunca le preguntamos a un compañero qué votó, si votó blanco, colorado, frenteamplista, si no tenía partido, si era ateo, si era religioso; nunca preguntamos. Tan es así, que nunca preguntamos, que el primer acuerdo que hicimos, después de votada la ley para promover mayor fiscalización, fue con la Intendencia de Durazno. El Intendente de Durazno es defensor de la ley –no es frenteamplista, es claro– y llegamos a un acuerdo para generar un mecanismo de fiscalización.

La segunda Intendencia con la que estamos discutiendo es la de Colonia, ¿por qué? Porque nos interesa reducir la siniestralidad ahí.

Hicimos un mapeo de las intendencias que pueden tener más dificultades y empezamos a trabajar con ellos, con todos, y queremos llegar a trabajar con las 19 intendencias; pero empezamos por ahí porque también queremos dar una señal de que en el tema de la salud y de la seguridad no puede haber bandera política.

Claro, ustedes tienen que entender la preocupación que nos generó el anuncio de la derogación, primero por la forma, porque no se consultó a nadie de los que trabajamos en esto una vida, una vida, no pasando, trabajando una vida para estudiar temas de siniestralidad.

Segundo, porque se hace un anuncio que es muy complejo.

Tercero, porque creo que no se conocen los datos de la siniestralidad cuando se hace el anuncio, si no tengo que creer que no se tiene la sensibilidad suficiente para atender un tema de esta dimensión social tan, tan importante.

Tercer componente que se dijo de la ley es que la norma era inconstitucional, ¿por qué? Porque es inconstitucional y se repitió y se repitió y se repitió y se dio a entender… Aclaro que estudié la norma, pero es claro que no soy jurista ni soy el que la redactó.

En la norma trabajaron juristas de los más prestigiosos del Uruguay: Alberto Pérez Pérez es Grado 5 en Derecho Constitucional, es Grado 5 en Derechos Humanos, fue miembro del Consejo Directivo Central –un gigantesco compañero, ahora está con problemas de salud, si está viendo le mandamos un abrazo–, defiende la constitucionalidad de la norma; José Korzeniak es Catedrático Grado 5 en Derecho Constitucional; Milton Cairoli es Grado 5 en Derecho Penal y además fue miembro de la Suprema Corte de Justicia; Juan Raso Delgue es Grado 5 en Derecho Laboral; Álvarez Petraglia también fue miembro de la Suprema Corte de Justicia en Derecho Penal; Nicoliello; López Goldaracena; Brenda Ibarra Goldaracena; Carlos Casalá; Héctor Babace; Zapirain, Marcelo Domínguez, podemos seguir, pero si ustedes leen los diarios parece que la ley la hizo el SUNCA arriba de un tablón…

(Hilaridad).

…sinceramente.

Entonces ¿qué hicimos? Hicimos jornadas académicas durante una semana donde no solamente participaron estos juristas sino que trajimos expertos de todo el mundo –expertos de todo el mundo–, trajimos expertos europeos en Derecho Penal, en Derecho Constitucional, a armar jornadas académicas del mundo, por eso Juan no dijo nada hoy de la inconstitucionalidad. (m.g.g.)

La prensa no levantó nada, a pesar de que hubo más de 700 delegados y de que desde el punto de vista jurídico hubo de lo mejor que se puede concentrar – ahora vamos a publicar un libro con las ponencias académicas–.

Yo también calculo que el precandidato que sostiene lo de la inconstitucionalidad lo hace porque desconoce que hubo trabajos de enorme profundidad respecto a la constitucionalidad de la norma. Tan es así que respecto al aspecto más cuestionado de la ley, que es el delito penal en blanco –que mencionaba recién Mailhos–, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, con esta integración de agosto del año pasado, en la que el delito penal admite la complementación reglamentaria, porque las normas de salud y seguridad en el trabajo son por reglamentos del Poder Ejecutivo, como otros delitos que también establecen complementación reglamentaria. Están el 221, el 223 del Código Penal, el primero para expedición de medicamentos y el segundo en caso de epidemia.

En cuanto a la ley de estupefacientes, ¿quién define en estupefacientes qué estupefaciente es permitido o no? ¿Quién lo define? El Poder Ejecutivo.

Respecto a la adulteración de título universitario, ¿quién es el que define qué es un título universitario? La Universidad.

Pongamos un ejemplo más claro. Yo no sé manejar y no tengo cachilo y, a pesar de que hay una campaña infame –infame– del peronismo sindical –infame–, estoy tan pobre como cuando entré al gremio hace 20 años atrás, tan pobre como cuando entré. Pero supongamos que alguien está transitando en un cachilo y la señal de tránsito dice “máximo 80 kilómetros por hora”, pero va a 90 y atropella a alguien, va a tener problemas penales.

Ahora, si a la semana cambian la señalización y ponen que el máximo autorizado es 100 y atropella a alguien, seguramente no tenga el mismo problema penal porque no estaba violando una norma. Ahora, ¿quién colocó “80” o “100”? ¿Una ley del Poder Legislativo? No, una ordenanza de tránsito.

Entonces, no hagamos nudos donde no los hay, no nos hagamos trampas al solitario.

La ley tenía en Diputados muchos más votos que los que tuvo. Yo sé de un montón de legisladores, sobre todo del interior, que la acompañaron, pero las presiones posteriores… Y los que presionamos no fuimos nosotros, porque la ley venía como por un tubo, pero las 24 cámaras se presentaron poco menos que como si los estuvieran mandando a la silla eléctrica, parecía que poco menos los estaban mandando a la silla eléctrica. Colocaron ejemplos que hacían notorio que no tenían ni idea de la ley de la que se estaba hablando. Todos referían a accidentes cuando la ley no penaliza accidentes –repitámoslo, por favor–, penaliza violaciones laborales. Todas no, violaciones de normativa laboral que incumple conscientemente el empresario y que ponen en riesgo de muerte a un trabajador y que son tan graves que generan esa causa. Esas tres cosas tienen que pasar.

Sin embargo, hasta hace poco –y hoy nomás, con los ejemplos que se colocaban– seguía hablándose de ejemplos que increíblemente relacionan la ley con el siniestro y el drama de la siniestralidad requiere avanzar mucho más todavía. Hay que avanzar mucho más, hay que estudiar mucho más, hay que fiscalizar mucho más. Tan es así que nosotros nunca defendimos que la Ley de Responsabilidad Penal sola iba a resolver algo, nunca dijimos eso.

Aprobamos dos meses después 429 artículos nuevos 429 para la industria de la construcción y es más, en una norma que empezamos a trabajar seis años antes. Ahí hay un debate que pretende ridiculizar la posición sindical tratando de generar que la posición sindical querría darle a la ley potestades mágicas que ninguna ley tiene. No hay ley que cambie mágicamente; ahora, la acción por la ley sí cambia, porque la lucha por la ley fue generando también conciencia de un tema del que no éramos lo suficientemente conscientes.

Voy a terminar con una anécdota. Yo soy canario, pero mi primer trabajo en Montevideo fue en Nuevo París, en Faramiñán y Santa Lucía, en una panadería; recuerdo que empecé a trabajar por el pan y por el boleto. En Nuevo París ocurrió uno de los siniestros mortales más duros de la Historia, que está olvidado pero del que los vecinos se acordaban.

Branáa, que es una empresa exportadora muy importante, en el año 1981, en plena dictadura, tiraba los desechos tóxicos al saneamiento, lo que estaba prohibido. En un momento en que iba a ir una inspección a multarlos mandaron a un trabajador, sin ninguna protección, a que bajara a destrabar y el compañero murió en el acto. Como le gritaron y el compañero no contestó, mandaron a un segundo trabajador que estaba en el piso, que también murió en el momento. Al no contestar ninguno de los dos compañeros, mandaron a un tercero que también murió en el momento; y después un cuarto y después un quinto compañero. No quedaron más compañeros en el piso para bajar. El velorio fue una cosa muy, muy triste…

Ahora, ¿qué quiero decir? Que a veces se critica demasiado a las organizaciones sindicales, que tienen aciertos y errores –como todas las organizaciones del país–, pero qué triste sería el país sin organizaciones sindicales, tendríamos mucho más frecuentemente circunstancias tan dolorosas como esta de Branáa o tan dolorosas como la de los compañeros que encontramos en Salto o en Fray Bentos, a los que se los fumiga con agrotóxicos mientras recogen frutas. En Fray Bentos la denuncia la hace una maestra rural porque fumigaban también a niños. (a.g.b.)

¡Cuántas de estas cosas tendrían que tener más énfasis para que no nos pasen más, combatirlas, para que el trabajo esté asociado a la vida! Nosotros no peleamos por nada radical, peleamos porque el compañero que arma el bolso y saluda al botija pueda volver.

Esta no es una ley contra los empresarios, nadie puede pensar que se defiende a un empresario por defender violaciones laborales que pongan en riesgo de muerte a un trabajador. ¿En qué país estamos si eso es defender a un empresario? La inmensa mayoría de los empresarios tendría que estar de acuerdo con esta norma, yo creo que muchos no lo están porque piensan que se votó lo que no se votó, piensan que se votó la animalada de que por cualquier accidente alguien vaya preso. ¡Por favor! ¿Quién va a defender eso?

Miren que nos duele la siniestralidad, pero si para reducirla tengo que pagar el peaje de que alguien vaya preso sin comerla ni beberla, soy el primero que milito en contra de una norma que establezca ese disparate. La carga de la prueba de esta norma es más rigurosa aún que la del homicidio culposo, es más pesada, es más importante, tiene que ser mayor. Pongámosle seriedad. Por algo tenemos este semestre sin ningún procesado, y para encontrar uno va a faltar mucho, porque para que haya un procesado tiene que haber hecho una barbaridad.

Yo creo que es hora de que demos señales para ponernos de acuerdo en que cosas como estas nos ayudan a ser más justos, porque el principio axiológico también está.

Repito que yo en dictadura tuve a mi vieja en cana y la verdad es que no votaría cana para nadie injustamente, porque cada uno de nosotros tiene atrás una historia demasiado dura como para que nos timbeemos esa posibilidad.

Agradezco a todos y a todas. Hemos intentado, como hemos podido, difundir ideas –difundir miedos es más fácil que difundir ideas–; tenemos la documentación que demuestra cada una de las cosas que decimos porque nos parece que está bueno ser rigurosos en el sentido de los instrumentos que atienden a un tema de tantas y tan hondas implicaciones sociales.

Muchas gracias.

(Aplausos).

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, Andrade.

¿Algún edil o edila que quiera hacer alguna consulta?

Adelante, Edil Balladares.

SEÑOR BALLADARES.- Primero les doy la bienvenida.

El fin por el que estamos hoy permitiendo que las dos organizaciones expongan es, justamente, el cuidado de la vida.

Tanto ustedes como pienso que las cámaras empresariales y nosotros de este lado queremos, como tú decías hoy, que el trabajador que le da un beso al chiquilín y sale, vuelva a la casa.

Me dejaste muy preocupado con lo que decías que de parte del Estado y del Banco de Seguros no hay protección, que son ustedes los que se hacen cargo de esos gastos, de hacerle la casa al trabajador, porque el Estado está ausente.

Como seguramente tienes más conocimiento me podrás decir qué es lo que le da el Estado a esa madre, a ese hijo que queda tirado cuando muere su padre. Esa es mi pregunta.

SEÑOR ANDRADE.- En los siniestros hay dos casos. Del que está registrado la viuda recibe una pensión de 2/3 de lo que el trabajador estaba ganando. Hay casos en que no recibe nada. En el caso del compañero que muere en el Clínicas, la empresa no lo tenía registrado y quien queda sin nada es la familia del trabajador.

Nosotros, de todas formas, como la pensión es una cosa puntual, creamos una fundación a la que hacemos la donación de una hora, siendo unas 40.000 horas las que se donan para la familia del trabajador, con lo que le construimos la casa -claro que con la pensión no alcanza-, brindamos asistencia psicológica al trabajador, a toda la familia y al grupo de compañeros del trabajador que sufrió el accidente; generamos programas de asistencia en la educación de los hijos, porque nos parece que la asistencia que da el Banco de Seguros del Estado es insuficiente; existe, pero es insuficiente a la hora del impacto. (m.b.r.p.)

Cuidado, a pesar de la fundación, la fundación nos confirma que la mayor solidaridad que podemos tener es que el accidente no ocurra. O sea, la mayor solidaridad es bajar la siniestralidad, porque el gurí que queda huérfano, por más casa que hagas, estudio…

Ahora nosotros queremos promover una ley vinculada a la posibilidad de dar un puesto de trabajo para alguien de la familia, que exista una relación entre el siniestro y la posibilidad de generar un vínculo de inserción laboral, porque es muy dura la condición en la que queda la familia después.

Lo que digo es: todo lo que se hace después está bien, pero es mucho mejor lo que se hace antes para que el accidente no ocurra. Esa es nuestra filosofía, es como entendemos el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Edil Moroy, adelante por favor.

SEÑOR MOROY.- Gracias Presidente.

Primero, agradezco la presencia de ustedes como gremio y como principales interesados en comparecer en la noche de hoy para informarnos de primera fuente la visión que tienen, así como lo hizo la Cámara Empresarial, porque uno tiene la posibilidad de escuchar las dos campanas y sacar sus conclusiones.

Lo segundo: comentaste que estaban haciendo convenios con intendencias para asesorarlas y que tengan una mayor formación con respecto a esta ley.

Con la Intendencia de Maldonado me imagino que estarán en conversaciones. Me gustaría que nos informaras un poco.

SEÑOR ANDRADE.- El convenio firmado que tenemos es con la Intendencia de Durazno, que tiene el siguiente criterio: el Plenario promueve a un especialista en materia de seguridad e higiene, que puede ser un compañero formado o un técnico prevencionista, y la Intendencia lo contrata por equis cantidad de horas para controlar las cuestiones de la Intendencia.

¿Por qué empezamos por Durazno y Colonia? Porque hicimos un esfuerzo por despolitizar el tema de la ley, porque pensamos en términos de que… Antes de que se votara en Diputados, en muchísimos departamentos teníamos consenso de todos los legisladores del departamento para votar la ley, después nos pasó que se abroqueló, que salió solo con los votos del oficialismo. A nosotros nos parecía importante dar señales en el sentido de que la norma tenía que ser una norma que todos nacionalmente la miráramos como una cosa útil, esto lo compartíamos con varios intendentes –en esto trabajamos de taco–; pensamos que la mejor señal era trabajar con alguna intendencia del Partido Nacional, también lo íbamos a conversar con la Intendencia de Salto –por más que todavía no empezamos la conversación–, armar dos o tres convenios. Creíamos que íbamos a tener menos dificultades con las intendencias del Frente pero que dábamos la señal de que no flechábamos los convenios de fiscalización y ayudábamos a ampliar la base política de sustento de la ley.

A nosotros nos acusan de que nos metimos en la campaña, yo creo que se metieron con nosotros en la campaña. Porque nosotros batallamos tres años y medio por una ley, ni nos avisan y se anuncia la derogación por la prensa. Si nos quedábamos callados era para que nos sacaran a patadas a los trabajadores.

Tal es así, que no quisimos partidizar la ley, que el primer convenio que firmamos fue con la Intendencia de Durazno y el segundo con quien conversamos fue con la Intendencia de Colonia, antes de estas declaraciones que colocaron la ley en blanco y negro, ¿me explico? Ahora, no me puedo hacer responsable de declaraciones que nosotros no hicimos, y ni siquiera se nos consultó un minuto antes para decir: bueno, cuál es su opinión sobre el tema de la norma.

Pero los convenios tienen que ver con eso. Después les puedo mandar una copia. La Intendencia en lo que entiende es en fortalecer la fiscalización, trabajar de manera combinada con el plenario sindical local, generar un componente que hace un resumen semanal de cumplimiento e incumplimiento de normativa laboral que contribuye a la fiscalización general. El convenio con la Intendencia de Durazno implica 20 y pico de horas semanales. Más allá de las horas, la señal política me parece formidable, la señal que se da ubica el tema en un plano más general.

Claro, en medio de estas discusiones surge esto de las últimas semanas. Repito: a nosotros se nos acusa de que nos metimos en la campaña. Nosotros decimos: se metieron con una conquista que sabían que nos dolía en el hígado en el medio de la campaña, no nos podemos hacer responsables de eso. No teníamos otra que salir a defenderla. Ojalá hubiéramos tenido posibilidad de conversarlo previamente, pero si me tirás los temas por los medios yo tengo que ir a defenderlo en los medios, no voy a defenderlo por abajo. Y ese es un problema, pero repito: no nos sentimos responsables de haberlo generado.

No hay duda de que si el precandidato del Frente hubiera salido a decir lo mismo estaríamos con la misma respuesta, no hay duda, porque en estos temas de la salud y la seguridad está bueno ser intransigente. Yo creo que hay que ser flexible a muerte en todo, pero en la defensa de la vida está bueno ceder si hay razones, ceder sobre la base de si hay razones, no si no hay razones.

Nosotros veníamos con mucha alegría y vamos a trabajar también con todas las Intendencias. La idea es plantearlo al Congreso de Intendentes, y está bueno vincular a los municipios al trabajo de la fiscalización, que es como pasa… (k.f.)

Si no hay ningún inspector en la vuelta es más fácil andar sin casco. Es más fácil tomar una y después seguir andando en moto. Si en cada esquina hay mecanismos de control, uno mismo aguanta la toma. Me parece que profundizar la fiscalización es un elemento clave.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Algún compañero más que quiera intervenir? Adelante, Edil Gallo.

SEÑOR GALLO.- Buenas noches.

Quiero agradecer la exposición vertida que ha sido por demás clara y contundente, pero me quedan algunas dudas.

En el caso que explicabas de vuestro compañero fallecido en el Hospital de Clínicas, que no tenía cobertura, en ese caso ¿el empresario no fue castigado por el Estado y su familia resarcida? Esa es una pregunta.

Referente a la ley, somos de los que pensamos que principio tienen las cosas. Y del lado que nos podemos poner, con el pensamiento de que esto es para salvar vidas, indudablemente es un paso importantísimo que han dado, más allá de que podamos compartir o no la ley.

Personalmente –desconozco el pensamiento de mis compañeros– creo que es importante, como también creo –recién lo expresaste– que en este país existen leyes para un montón de cosas y no son aplicadas, no se controla que se apliquen.

Entonces, en materia de seguridad laboral, esta ley es por demás positiva y la responsabilidad, sin duda, del contralor y de que se cumpla, va a ser de ustedes, de los trabajadores, porque indudablemente el Estado en lo que es el control de las leyes, sea el gobierno que sea, ha demostrado que es totalmente incapaz. En todos los gobiernos ha sucedido eso y sigue sucediendo.

Por acá termino y les agradezco nuevamente la exposición que ha sido por demás clara y fructífera en lo que a mí respecta para interiorizarme de lo que es el pronunciamiento de esta ley.

Nada más, gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Disculpe, solamente para una pequeña referencia. Nosotros, desde noviembre del año pasado, tenemos la posibilidad de clausurar las obras en las que encontremos una grave irregularidad, que el delegado sindical las pueda clausurar.

Esto se aprobó en el convenio colectivo del año pasado, fue un componente innovador, nosotros partimos de la base de que cuando tuvimos el accidente mortal en Montes del Plata fuimos a una huelga que tuvo como resultado esa salida de que el delegado pudiera clausurar cuando viera un riesgo importante y que, en todo caso, una actuación del Ministerio la levantara y certificara si había o no condiciones.

Digo esto porque previo también a este otro instrumento, se generó toda una polémica de las cosas terribles que iban a pasar; parece que fuéramos malos de por sí para algunas mentalidades y se pensaba que ya íbamos a clausurar de vivos y que íbamos a generar descontrol y anarquía.

Desde noviembre hasta acá ha habido 187 clausuras de obras, producto de que compañeros entendieron que había riesgos y, por lo tanto, clausuraron el sector. En casi cerca del 90% se resolvió el problema en la obra, porque se entendieron entre el prevencionista y el delegad y se corrigió. (a.f.r.)

En el 10% en que tuvo que operar la Inspección de Trabajo hasta ahora –o sea, cerca de 19 casos–, en todos los casos le han dado la razón al delegado que clausuró la obra. Esto no ha sido noticia en Uruguay en estos nueve meses.

Cuando mañana un compañero le pifie en una clausura –clausure mal, clausure innecesariamente–, estoy seguro de que ahí sí va a ser noticia, porque tenemos un problema de enfoque, nos cuestan los enfoques que tienen que ver con democratizar las relaciones laborales, lograr mejores relaciones laborales, más modernas…

Yo les pido que revisen los países en los que existe Ley de Responsabilidad Penal; no existe Ley de Responsabilidad Penal Empresarial en Somalía, existe en Alemania, en Inglaterra. O sea, no es que trajimos una norma hundida en no sé qué libro. En los países más avanzados existen este tipo de normas y en ninguno de esos países existe incerteza jurídica y grandes problemas.

Yo creo que está bueno que generemos un consenso con el que salgamos del lío que hubo hace seis meses atrás y, una vez que veamos los resultados, analicemos con una cabeza distinta si se puede generar un consenso.

Yo confío en que hubo quien estuvo en contra de esta ley porque se comió la pastilla de que esta establecía responsabilidad penal por cualquier accidente, lo que sería un disparate.

Quiero agradecerles otra vez; la verdad es que fue un honor y un placer poder participar esta noche acá.

(Durante el transcurso de estas palabras se retiraron los Ediles María Cruz, Juan Sastre, Wenceslao Seré y Diego Silveira e ingresaron los Ediles José L. Noguera, Belén Pereira, Roberto Airaldi, Guillermo Moroy y Nino Báez Ferraro; alternaron banca los Ediles Sergio Casanova Berna y Daniel Ancheta).

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. ¿Algún otro compañero quiere hacer uso de la palabra?

(Murmullos).

Votamos un cuarto intermedio para que los compañeros se retiren.

Les agradecemos la presencia y todo lo que nos han ilustrado.

SE VOTA: unanimidad, 26 votos.

(Aplausos desde la barra).

(Siendo la hora 23:41 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora 23:46 minutos, ocupado la Presidencia el Edil Fermín de los Santos con la asistencia además de los Ediles titulares Efraín Acuña, Diego Astiazarán, Liliana Capece, Daniel Rodríguez, Daniel De Santis, María del Rosario Borges y los Ediles suplentes Nátaly Olivera, Belén Pereira, Graciela Caitano, Sergio Casanova Berna, Washington Martínez, Flavio Maffoni, Diego Silveira, Juan Valdéz, Carlos Stajano, Darwin Correa, José Ramírez, Nelson Balladares y Pablo Gallo).

SEÑOR PRESIDENTE.- Tenemos que votar la vuelta a Régimen ordinario de sesión.

SE VOTA: unanimidad, 20 votos.

Adelante, Edil Acuña.

(Se retira el Edil Diego Astiazarán e ingresan los Ediles Daniel Ancheta, Graciela Ferrari y Sebastián Silvera).

SEÑOR ACUÑA.- Quería solicitar prórroga de hora hasta tratar todos los temas del Orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos.

SE VOTA: unanimidad, 22 votos.

Adelante, Edil Gallo.

SEÑOR GALLO.- Cuarto intermedio de cinco minutos, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muy bien. Votamos.

SE VOTA: 19 en 22, afirmativo.

(Siendo la hora 23:46 minutos se pasa a un cuarto intermedio, el que es levantado a la hora 00:01 minutos del día miércoles 3 de los corrientes, ocupado la Presidencia el Edil Fermín de los Santos con la asistencia además de los Ediles titulares Graciela Ferrari, Efraín Acuña, Hébert Núñez, José L. Noguera, Daniel Ancheta, María Cruz, Liliana Capece, Daniel Rodríguez, Daniel De Santis, María del Rosario Borges y los Ediles suplentes María C. Rodríguez, Washington Martínez, Sergio Casanova Berna, Flavio Maffoni, Douglas Garrido, Graciela Caitano, Diego Silveira, Carlos Stajano, Darwin Correa, Alejandro Lussich, Iduar Techera, Nelson Balladares y Pablo Gallo). (a.t.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Compañeros y compañeras, estando en número pasamos al NUMERAL IV) MEDIA HORA PREVIA.

Adelante Edil Balladares, por favor.

SEÑOR BALLADARES.- Gracias, Presidente.

En la noche de hoy vamos hacer una recopilación del material que hemos conseguido estos días y que tiene que ver con las canteras municipales.

Tiempo atrás, a este respecto, habíamos hecho un pedido de informes. En aquel momento se nos tomó el pelo en la contestación porque se nos dice que la Intendencia Departamental no tiene canteras propias, cosa que sabemos. Y cuando elevamos un pedido de informes por supuesto que nos referimos a las que el Municipio usufructúa.

En la última semana nos hemos enterado de que la Intendencia Departamental ha otorgado el servicio de traslado de material a 14 camiones desde las canteras y que probablemente se puedan otorgar 14 más, cosa que sería prácticamente una privatización de las mismas. Por lo tanto, concurrimos a las canteras municipales y allí –lo vamos a apoyar con material fotográfico– encontramos condiciones, en lo que respecta justamente a salud laboral –algo de lo que veníamos hablando hace poco rato–, y abastecimiento de combustible…

Vamos a ir pasando algunas fotos para que vea, Presidente, la población de Maldonado, dónde tienen que trabajar los funcionarios de la Intendencia Departamental. Esto es lo que sería una oficina de control por la cual pasan los camiones.

También nos hemos enterado, Presidente…

(Interrupciones).

Esta es una oficina, sí, sí, está muy linda. Nos hemos enterado, Presidente, de que la Intendencia Departamental ha dado la orden de que se generen dos acopios de material. Hasta el momento el material se llevaba desde la propia cantera hasta la obra. Ahora, por parte de privados, se va a llevar desde la cantera hasta los acopios que están ubicados uno en El Tesoro –el que viene de la cantera de José Ignacio va a traer hasta El Tesoro, 42 kilómetros– y el que viene de la Cantera Oyenard –que está en Canelones– va a traer al acopio de Zona Oeste y desde allí abastecería a la Intendencia.

Nosotros, Presidente, dejamos esta foto en ese momento porque los funcionarios nos hacían saber que muchos días están sin agua y que los baños se tapan por falta de la misma y hasta que no va un camión surtidor, pasan días, en verano e invierno, sin agua. (g.t.d.)

Como vemos, las canteras tienen mucho material para sacar.

Sabe, Presidente, que sacamos un estimativo de cuánto sería el costo de esta privatización, porque hay un precio por kilómetro fijado por el Ministerio: aproximadamente unos $ 100 por kilómetro el traslado de tosca. Sacamos la cuenta, y un chofer de estas características le cuesta diariamente a la Intendencia aproximadamente $ 1.250, más $ 840 del gasoil que gasta el camión, por lo que se redondea en unos $ 2.000 el gasto por viaje con la flota municipal.

Pero mire usted, Presidente, qué diferencia con un privado… El privado debe pagar chofer, gasoil, los gastos de aceite y de cubiertas y tiene dos horas de viaje, lo que quedaría, también, en unos $ 2.000. A hora-ministerio, 42 kilómetros son $ 4.200; o sea que quedan $ 2.200 por viaje que la Intendencia estaría pagando de más si lo hace con el servicio privado y no con su propia flota.

¿Por qué no trabaja con su propia flota…?

(Aviso de tiempo).

(Durante estas palabras se retira la Edila Graciela Ferrari e ingresa el Edil Daniel Tejera).

SEÑORA CAITANO.- Prórroga de tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Están pidiendo prórroga de tiempo.

Votamos, por favor…

SE VOTA: 22 en 24, afirmativo.

Adelante, señor edil.

SEÑOR BALLADARES.- Gracias, compañeros ediles.

Nos preguntamos por qué la Intendencia no trabaja con su propia flota. Y bueno, se justifica también por el estado de la maquinaria. Nosotros vemos que en el tema de las canteras municipales ha habido un proceso de dejar caer la maquinaria, de desabastecimiento y de tener a la gente en malas condiciones laborales, como veíamos.

¿Por qué decimos esto? Porque las condiciones laborales son obvias, se aprecia en el material fotográfico. También sabemos que existe desabastecimiento de gasoil, porque los camiones surtidores no abastecen a las máquinas y los bulldozers, que trabajan, no solamente en la cantera, sino también para los cilindros y las motoniveladoras en los lugares donde se está trabajando.

Cuesta miles y miles de pesos estar con la flota parada. Están los choferes ganando su dinero, están los maquinistas ganando su dinero, pero no se está haciendo nada.

También pudimos saber, Presidente, que prácticamente no se controla el tema del abastecimiento de gasoil, porque hubo casos en los cuales se le ha querido hacer firmar al chofer de las máquinas que se le cargaron 200 litros; y el chofer hubiera firmado si no hubiera sido porque tenía el manual hecho por los ingenieros de la fábrica de la máquina, que dice que no lleva más de 175 litros. Entonces, no hay un control sobre el camión que abastece o sobre los surtidores.

Queremos, a modo de pedido de informes, que se nos haga llegar toda la documentación respecto a los contratos.

Acá podemos ver el estado en que se encuentra la maquinaria, y tengo en mi poder un documento que marca 13 reclamos de un funcionario de una máquina…

SEÑOR ANCHETA.- Esas son del museo…

SEÑOR BALLADARES.- Sí, son del año 70…

El funcionario marca 13 reclamos de la División de Talleres, y de esos 13 solo se le efectúan siete. (m.r.c.)

Y el funcionario nos decía: “nos exigen producción, pero la máquina no tiene fuerza para levantar. La pala está partida, el acelerador, si lo suelto, se apaga; de mañana no prende”. Y acá él detalla que esto fue a la División de Talleres para los arreglos. Por ejemplo: pérdida de gasoil por los inyectores, pérdida por los retenes de lo gatos, “importantes pérdidas”, aclara. Se trancan los comandos de giro, no tienen cerraduras las puertas, le falta un vidrio al parabrisas astillado, faltan escobillas del limpiaparabrisas, delantera y trasera, pérdida de aceite por las ruedas de tiro. Además, nos decía que les hicieron hacer cursos de seguridad laboral, pero cuando él se sube a la máquina el asiento baila y no tiene cinturón de seguridad, además de no tener escobilla y de apagarse si suelta el acelerador.

Presidente, hay una serie de irregularidades en el tema de canteras que a nosotros nos llama la atención y parece que fuera a propósito que se ha dejado caer lo que es la operativa municipal respecto al área de canteras, que además tiene un encargado de cantera; hay una persona que cobra un buen sueldo y que desarrolla el cargo de encargado de cantera. Y hoy nos encontramos con la sorpresa de que prácticamente se privatizan desde la cantera hasta la zona de El Tesoro y desde la cantera de Canelones hasta Zona Oeste.

Nos ponen el alerta de que la maquinaria, hoy por hoy, no cuenta con seguro, que los seguros se están haciendo por parte de la Intendencia en el momento, cuando pasa un accidente se asegura. No somos conscientes de que sea así, pero sí trasmitimos y queremos que se nos informe si es así.

(Aviso de tiempo).

SEÑOR CORREA.- Prórroga.

SEÑOR BALLADARES.- No, redondeo, Presidente.

Como decíamos, esto prácticamente es una privatización, Presidente. Así que, a modo de pedido de informes, solicitamos que se nos haga llegar toda la documentación seriamente, que no sea como la otra vez que preguntamos y nos tomaron el pelo. Y quiero que esto vaya a ADEOM, a la Dirección de Talleres, a la Dirección de Obras, a la Intendenta Departamental y a la prensa.

(Se retiran los Ediles Diego Silveira y Daniel Tejera e ingresan los Ediles Sebastián Silvera, Guillermo Moroy, Nino Báez Ferraro y Graciela Ferrari).

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor edil.

Votamos los destinos, por favor.

SE VOTA: 24 en 26, afirmativo.

Adelante, señor Edil Acuña.

SEÑOR ACUÑA.- Presidente: queríamos proponer a la Mesa y al Plenario la suspensión de la Media hora previa y también la del NUMERAL V) EXPOSICIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, y al no encontrarse la Edila María de los Ángeles Fernández Chávez tampoco se estaría llevando adelante esta noche el NUMERAL VI) EXPOSICIÓN: “Primer Congreso Internacional y Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”. Por lo tanto, estaríamos avanzando al séptimo punto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien.

Votamos, entonces.

SE VOTA: unanimidad, 26 votos.

Pasamos al NUMERAL VII) ASUNTOS ENTRADOS TRAMITADOS POR LA MESA AL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2014. BOLETÍN Nº 25/14. Expedientes que pasaron a estudio de diferentes Comisiones del Cuerpo.- EXPTE. 0350/13.- GESTIONANTE, su consulta respecto viabilidad de ampliar obra en padrón 2164, mna. 820 de Punta del Este (Hotel La Capilla). (Vuelto inf. IDM, pasa Com. Obras Públicas).- EXPTE. 0526/1/11.- INTENDENCIA DEPARTAMENTAL C/ gestión de la Comisión de Trabajo-Desarrollo Productivo sobre inquietudes planteadas por vecinos del Balneario Santa Mónica. (A conocimiento Com. Trabajo - Desarrollo Productivo).- EXPTE. 0388/14.- GESTIONANTE S/ permiso para regularizar obra en padrón 11752, mna. 1439 de Maldonado. (Com. Obras Públicas).- EXPTE. 0391/14.- GRUPO SCOUT NIÑO CHASQUE Y LA ASOCIACION URUGUAYA DE ESCULTISMO S/ la instalación de un monumento en homenaje a Sir Baden Powell en Maldonado. (Com. Nomenclatura - Tránsito y Transporte).- EXPTE. 0397/14.- PRESIDENTE JUNTA DEPARTAMENTAL SR. FERMIN DE LOS SANTOS, su resolución actualizando montos de los viáticos para Ediles y Funcionarios.- (Com. Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones).- Expedientes que pasaron al Ejecutivo Comunal a recabar diversa información y a otros trámites.- EXPTE. 0503/13.- INTENDENCIA DEPARTAMENTAL S/ anuencia para designar el nuevo trazado del denominado "Camino de la Bolsa" en la 6ta. Sección Judicial. (Inf. Com. Planeamiento y Ordenamiento Territorial pasa IDM).- EXPTE. 0390/14.- EDIL SR. DIEGO ECHEVERRIA S/ diversa información de la Intendencia Departamental sobre las terminales de ómnibus del Departamento de Maldonado. (IDM).- Expedientes que pasaron a conocimiento de los Ediles gestionantes.- EXPTE. 0278/14.- EDIL SR. SEBASTIAN SILVERA S/ diversa información de la Intendencia Departamental sobre la Semana de San Carlos llevada a cabo en el mes de marzo. (Gestionante. Vuelto inf. IDM).- EXPTE. 0108/2/14.- INTENDENCIA DEPARTAMENTAL C/ gestión del Edil Sr. José Luis Noguera referente a la necesidad de contar con instalaciones sanitarias para uso público en Entes del Estado. (Gestionante).- EXPTE. 0416/1/13.- INTENDENCIA DEPARTAMENTAL C/ planteamiento de la Edil Sra. María del Rosario Borges referente a falta de señalización y mal estado de la cartelería del nomenclátor departamental. (Gestionante).- Expedientes que pasaron al archivo luego de cumplidos los trámites administrativos correspondientes.- EXPTE. 0263/14.- EDILES SRES. FRANCISCO SANABRIA Y SEBASTIAN SILVERA plantean situación interna de su Bancada. (Archivo).- EXPTE. 0263/1/14.- VARIOS EDILES/AS DE LA BANCADA DEL PARTIDO COLORADO elevan puntualizaciones referidas al asunto gestionado por Expte. Nº 263/14. (Archivo).- EXPTE. 0143/6/14.- EDILA MAGDALENA SAENZ DE ZUMARAN S/ licencia por el día 19/08/14, igualmente toda su línea de suplentes.- (Se convoca a toda la 2ª línea de la lista 322, Partido Nacional). Ídem anterior por el día 26/08/14. Ídem anterior por el día 02/09/14. (Archivo).-   EXPTE. 0317/2/14.- EDIL SR. HÉBERT NUÑEZ S/ licencia de su cargo en la Corporación del 12/09/14 al 14/09/14 y 1er. suplente Sr. Juan Moreira.- (Archivo).- EXPTE. 0144/8/14.- EDIL SR. FEDERICO CASARETTO S/ licencia de su cargo en la Corporación por el día 26/8/14. (Archivo. Se convocó al suplente respectivo).- EXPTE. 0387/14.- CAMARA DE REPRESENTANTES remite exposición del Diputado Sr. Nelson Rodríguez referente a acceso de agua potable en las zonas de Ocean Park y Sauce de Portezuelo. (Repartido a las Bancadas).- EXPTE. 0313/1/14.- EDIL SR. RODRIGO BLAS S/ licencia de su cargo en la Corporación por el día 26/8/14. (Enterado, se archiva).- EXPTE. 0389/14.- EDILA SRA. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ S/ licencia de su cargo en la Corporación por el día 26/8/14. (Archivo).- EXPTE. 0200/1/14.- EDILA SRA. LILIANA BERNA S/ licencia de su cargo en la Corporación por el día 2/9/14 (Archivo. Se convocó al suplente respectivo).- Otros trámites.- EXPTE. 0252/1/14.- AGUSTIN HENRY presenta recurso de reposición contra resolución del Cuerpo recaída en Expte. Nº 252/14. (Licitación Abreviada Nº 5/14 Mantenimiento de espacios verdes de la Sede de la Corporación) (Asesor Letrado del Cuerpo).- EXPTE. 0252/2/14.- ALEJANDRA VIERA presenta recurso de reposición contra resolución del Cuerpo recaída en Expte. 252/14. (Licitación Abreviada Nº 5/14 Mantenimiento de espacios verdes de la Sede de la Corporación). (Asesor Letrado del Cuerpo).- Modificación en la integración de las Comisiones Permanentes y Especiales del Cuerpo.- Bancada del Partido Frente Amplio comunicó cambio de integración en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones por el día 27/08/14, donde el Edil (s) Sr. Sergio Casanova actuó como suplente del Edil Sr. Diego Astiazarán y en la Comisión de Legislación, el Edil (s) Sr. Washington Martínez actuó como suplente de la Edila Sra. María de los Ángeles Fernández Chávez.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos.

SE VOTA: unanimidad, 26 votos.

NUMERAL VIII) ASUNTOS ENTRADOS.

SEÑORA SECRETARIA.- “La Comisión de Fomento del Barrio Sur y Alto Sur tienen el agrado de invitar a ustedes a la inauguración de la Policlínica Barrio Sur ‘Celmira Nieto’”. Esto se llevará a cabo el viernes 5 de setiembre del corriente año, a la hora 14:00, en Melchor Maurente, pasando Vecinal 3. (c.g.)

“Por la presente, quien suscribe, responsable del Área de Políticas Diferenciales, Maestra Eliana Quintela, en el marco de la Coordinación Interinstitucional de la Red Departamental de Adultos Mayores, me dirijo a usted para presentar el trabajo que se realiza desde este ámbito y solicitar la cooperación de la Junta Departamental”.

Seguidamente detalla pormenorizadamente las actividades que realiza dicha Red y finalmente indica que, “en el correr del año 2014, la Red se propuso tener instancias de intercambio con los diferentes partidos políticos para poder conocer sus propuestas programáticas y aportar desde sus experiencias y conocimientos.

Para lograr este objetivo necesitamos contar con un espacio físico que posea las comodidades necesarias y que garantice la accesibilidad de todas las personas. Es por ello que solicitamos a ustedes el espacio del Plenario de la Junta Departamental que, a su vez, es un espacio fundamental en la actividad política.

Están previstos cinco encuentros; uno por cada partido.

Estos se llevarían a cabo, si la Junta así lo autoriza, los días viernes 12, 19 y 26 de setiembre y viernes 3 y 10 de octubre de 16:00 a 18:00 horas en la Sala Plenaria”.

(Durante la lectura de esta nota se retiran los Ediles Nelson Balladares y Efraín Acuña e ingresa la Edila Elisabeth Arrieta).

SEÑOR ANCHETA.- Estamos votando…

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos entonces…

SE VOTA: 22 en 25, afirmativo.

SEÑORA SECRETARIA.- Una nota de la Edila Liliana Capece que dice: “Por intermedio de la presente comunicamos al Plenario que, cumpliendo con la invitación recibida desde el CERP para una jornada de sensibilización, concurrimos a dicho centro el día jueves 28 del corriente” –es de agosto– “en calidad de participante y exponente junto a los Ediles Pablo Gallo y Graciela Ferrari.

Es así que la Junta estuvo representada por las Comisiones de Trabajo, de Derechos Humanos y de Género y Equidad.

Agradecemos el apoyo recibido de funcionarios de esta Corporación ante todos los servicios requeridos.

En su oportunidad daremos un informe general de dicha jornada.

Saluda la Edila Liliana Capece”.

No sé si quiere hacer el informe…

SEÑORA CAPECE.- No, el informe no lo vamos a hacer ahora dado que en el día de ayer hubo comisiones que no se lograron reunir, de manera que cuando tengamos reunidas las comisiones y valoremos qué puntos compartiremos con el Plenario, dado que la jornada fue muy extensa, ahí haremos un informe entre los compañeros que participaron.

Considero que, más allá de la participación personal que tuvimos, es un hecho muy importante, porque por lo menos desde que yo estoy acá, es la primera vez que un centro académico local invita a esta institución a intercambiar ideas, lo cual me parece que es muy bueno, sobre todo en el tema que también se trató, independientemente, sobre trabajo infantil.

Muchas gracias.

(Durante estas palabras se retira la Edila María C. Rodríguez e ingresa el Edil Efraín Acuña).

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a usted, señora edila.

Sí, señor Edil Acuña.

SEÑOR ACUÑA.- Gracias, Presidente.

Queríamos solicitar la inclusión, para ser tratado sobre tablas, del Expediente Nº 360/14, como primer punto de Asuntos Varios, en ese orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos la urgencia.

SE VOTA: unanimidad, 25 votos.

Tratarlo sobre tablas…

SE VOTA: unanimidad, 25 votos.

SEÑORA SECRETARIA.- EXPEDIENTE Nº 360/14: Cooperativa de Viviendas Las Maravillas solicita permiso para regularizar obra en padrón Nº 24.311, manzana Nº 1.872 de Maldonado.

La señora Intendenta lo remite a la Junta diciendo:

VISTO: Que se presenta la Cooperativa de Viviendas Las Maravillas solicitando permiso para construir 2.660 metros cuadrados en el padrón Nº 24.311 de la manzana 1.872 de la localidad catastral de Maldonado. (m.g.g.)

RESULTANDO I: Que en el proyecto presentado existen algunas tipologías con ambientes que no alcanzan los mínimos establecidos por el Capítulo III - Exigencias de locales del TONE.

RESULTANDO II: Que a fojas 4 del expediente físico se solicita exoneración del pago de las tasas de construcción.

CONSIDERANDO: Que en actuación Nº 3 la Unidad de Gestión Edilicia y Suelos informa que, teniendo en cuenta que se trata de una cooperativa de viviendas que cuenta con un préstamo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente aprobado y que es una cooperativa de ayuda mutua, se sugiere su autorización al amparo de las disposiciones del Artículo 21 del TONE y remitir las actuaciones a la Junta Departamental, a efectos de dar respuesta a lo solicitado con respecto a la exoneración del pago de las tasas de construcción.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 275 de la Constitución de la República.

La Intendenta Departamental de Maldonado RESUELVE: 1º) Remitir las actuaciones a la Junta Departamental de Maldonado, a efectos de considerar las excepciones planeadas, con opinión favorable de este Ejecutivo. 2º) Pase a la Junta Departamental.

Firma la señora Intendenta, Susana Hernández, y el señor Secretario de la Intendencia, Gustavo Salaberry.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, adelante, Edil Lussich.

SEÑOR LUSSICH.- Quiero hacer una consulta a la Mesa, señor Presidente.

¿Qué fecha de ingreso a la Junta Departamental tiene este expediente?

SEÑORA SECRETARIA.- 5 de agosto.

SEÑOR LUSSICH.- Hace menos de un mes…

¿Y cuándo se inició el expediente en la Intendencia?

SEÑORA SECRETARIA.- La primera nota de los gestionantes es del 17 de febrero de 2014.

SEÑOR LUSSICH.- Febrero y llegó a la Junta en agosto. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto... O sea, estuvo seis meses en la Intendencia y menos de un mes en la Junta Departamental.

Era para dejar constancia, nomás, señor Presidente.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, a usted, señor edil.

UN SEÑOR EDIL.- Que se vote.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos, entonces.

SE VOTA: unanimidad, 25 votos.

(Expediente 360/14)RESOLUCIÓN 329/2014 Visto: Que se dispuso el tratamiento sobre tablas de las presentes actuaciones. LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE 1º) Concédese anuencia a la Intendenta Departamental para: a) Autorizar las construcciones referidas en autos, en el padrón 24.311 de la manzana 1.872 de la localidad catastral Maldonado, al amparo de lo establecido en el artículo 21 del TONE. b) Exonerar del pago de las tasas de construcción, correspondientes a dichas obras. 2º) Siga al Ejecutivo Comunal a sus efectos. Declárase urgente.
SEÑOR CORREA.- Para fundamentar el voto, Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante, Edil Correa.

SEÑOR CORREA.- Presidente, estos son los expedientes a los que a uno le da gusto votar, porque estamos resolviendo o por lo menos colaborando en la resolución de la habilitación de la vivienda de vecinos organizados del Departamento de Maldonado.

Este Gobierno ha tenido en cierto aspecto una incapacidad para solucionar los problemas de vivienda de la gente. Recién lo comentaba nuestro compañero de bancada Lussich, tanscurrieron más de 180 días en la Intendencia y menos de un mes en la Junta. Es decir, cuando existe voluntad política para entender los temas de la gente, votamos todos por unanimidad, como lo hicimos esta noche, y cuando desde la Intendencia de Maldonado se está tranquilo en un sillón resolviendo los expedientes de la gente, se demora y se complica la situación de los vecinos, a veces, como en este caso, simplemente por escasos 40 centímetros.

Nada más, Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor edil.

Edil Techera, adelante, por favor.

SEÑOR TECHERA.- Buenas noches.

Hago mías las palabras del Edil Correa. Verdaderamente es muy gratificante votar esta noche este préstamo a esta cooperativa, la cual inició sus trámites en el año 2004. Estamos hablando de que han pasado por todo un proceso de 10 años para lograr lo que hoy votamos.

Consideramos que ese plazo de tiempo es muy excesivo y hay que acortarlo para futuras cooperativas, para que no tengan que sufrir lo que sufrieron estas 40 familias, que hasta hoy mismo, este momento, estuvieron con los nervios de punta porque el plazo para el préstamo se les vence el 9 de este mes, el 9 de setiembre.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor edil…

(Aplausos en la barra).

Edil Gallo.

SEÑOR GALLO.- Señor Presidente, simplemente hemos asumido la banca por el compañero Edil Eduardo Elinger, que integra la Comisión de Obras, y hago suyas mis palabras.

Siguiendo su línea de estar siempre con la gente y de solucionar los temas sociales es que hemos votado con alegría la solución de vivienda de todo este grupo familiar organizado.

Nada más, señor Presidente.

(Durante estas fundamentaciones de voto se retiran las Edilas Graciela Caitano y Liliana Capece).

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor edil.

EdilaMarita” Cruz, por favor… (a.g.b.)

SEÑORA CRUZ.- Simplemente para que votemos la urgencia de este expediente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien, votamos la urgencia que solicita la edila.

SE VOTA: unanimidad, 23 votos.

Adelante, Edil Acuña.

(Se retiran los Ediles Alejandro Lussich y Darwin Correa e ingresa la Edila Graciela Caitano).

SEÑOR ACUÑA.- Gracias, Presidente.

Como miembro de esta Junta, realmente me siento reconfortado, porque estas son las actividades que inciden directamente en la sociedad, en la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos.

En el día de hoy también mantuvimos contacto con distintos cooperativistas que están expectantes de lo que va a ser ese sorteo en el mes de diciembre. Sabemos que están preparando todo para poder presentarlo de manera correcta, como en otras ocasiones. Lo está haciendo la Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda, a través de los Institutos de Asistencia Técnica, brindándole a cada cooperativista la información o los pasos correctos que tienen que llevar adelante.

En tal sentido, también esta Junta, acompañando una iniciativa del Ejecutivo de dar determinada tierra a aquel vecino que necesitaba ese valor indispensable para presentarse a los distintos sorteos que se están desarrollando por parte de nuestro Gobierno, reitera esa alegría y les desea que el sueño del techo propio prontamente sea una realidad.

Nada más, Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, Edil Acuña.

Adelante, Edil Ancheta.

SEÑOR ANCHETA.- Gracias, Presidente.

Simplemente iba a votar, a acompañar el expediente, por supuesto, pero parece que fuéramos del asilo los oficialistas, los que estamos votando esta cooperativa de viviendas hoy y que hemos votado tantas otras, que quizás hayan llevado un tiempo, pero tengamos en cuenta que hay gente de Maldonado a la que le han prometido vivienda hace 25 años y todavía no la tiene, o les hicieron un barrio sin ninguna garantía. No como hoy, que trabajan la Agencia Nacional de Vivienda, el Ejecutivo Departamental y el Ministerio de Vivienda y no regalan las casas: “Derechos y obligaciones” como decía el exintendente De los Santos.

Quizás se haya demorado un tiempo, pero este Gobierno da las máximas garantías, como corresponde, tanto a esta cooperativa como a otras, como la que visitamos en el día de hoy rumbo a Consorcio Ecológico, Benito Nardone. Allí también se inició una cooperativa de viviendas, con total orden se hizo por autoconstrucción, generando ciudadanía, con derechos y obligaciones, sin regalarle la casa, como antes, cuando se las regalaban a los más amigotes. Hoy, cumpliendo con todos los requisitos, vamos generando una conciencia en la población y se van entregando planes de viviendas. A esta altura podemos decir que hemos entregado unas cuantas cooperativas y que tenemos previstas unas cuantas más.

Esta modalidad de cooperativa la lleva adelante este Gobierno Nacional y Departamental, porque antes no se hacía así, señor Presidente.

Queremos decir que lo votamos con total orgullo, porque parece que no se hubiera votado en nuestro Gobierno, cuando en realidad se votó en esta Administración del Frente Amplio.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a usted, señor Edil Ancheta.

(Aplausos desde la barra).

Adelante, Edil Noguera.

SEÑOR NOGUERA.- En el mismo sentido quiero también expresar mi alegría de votar estas cosas, de reconocer el incentivo al cooperativismo que, entre otras cosas, trae transparencia y justicia en lo que hace a la política de gobierno, más allá de los tiempos, que los podemos comprender, pero que, comparando, no podemos caer como en el complejo mal llamado Ocean Park, que estuvo 20 años vacío violando una norma del Ministerio de Vivienda, como en el complejo El Pejerrey, que no se podía hacer y estuvo tantos años tirado simplemente por un vil negocio y un capricho de la Intendencia Departamental de aquel entonces. (m.b.r.p.)

Por lo tanto, las cosas que se hacen efectivas, más allá de los tiempos, traen construcción de ciudadanía pero, sobre todo, en el marco de la transparencia, hacen que se de cumplimiento al derecho elemental de los ciudadanos de este país y de este departamento a la vivienda.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor edil.

(Aplausos desde la barra).

Adelante, Edila Ferrari.

SEÑORA FERRARI.- Buenas noches.

Quería agregar al Expediente Nº 0393/14 del 26 de agosto próximo pasado sobre el proyecto de reforma constitucional sobre la baja de la edad de imputabilidad penal a plebiscitarse el próximo 26 de octubre, estos destinos que omití. Quisiera dar, si este Cuerpo me acompaña, otros destinos: a las Comisiones barriales de este departamento, a las Comisiones de baby fútbol departamental, a la Liga de baby fútbol, a todas las Comisiones de Derechos Humanos de las 19 Juntas Departamentales del país, a todos los Municipios del país, a los Diputados del departamento, al Senador, a la Cámara Empresarial y al Gremio de INAU, si es posible.

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien. Los votamos entonces…

SE VOTA: 21 en 22, afirmativo.

Continuamos con ASUNTOS VARIOS.

SEÑORA SECRETARIA.- EXPEDIENTE Nº 0123/14: Intendencia Departamental solicita anuencia para proceder al llamado a licitación pública para la concesión y explotación comercial e industrial de la planta de faena del Frigorífico Victoriano Suárez de Pan de Azúcar, hasta el 31/12/2024. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Edil Acuña, adelante.

SEÑOR ACUÑA.- Sí, señor Presidente. Vamos a pedir el pase a Comisión de Legislación de dicho expediente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos, entonces.

SEÑOR BÁEZ.- Una pregunta: ¿cuántos votos se necesitan?

SEÑORA SECRETARIA.- ¿Para pasarlo a comisión?

SEÑOR BÁEZ.- Sí.

SEÑORA SECRETARIA.- Mayoría simple.

(Dialogados).

(Ingresa la Edila Liliana Capece).

SE VOTA: 22 en 23, afirmativo.

(Expediente 123/14)RESOLUCIÓN 330/2014 Visto: La moción presentada en Sala que este Cuerpo comparte, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE Vuelvan estas actuaciones a estudio de la Comisión de Legislación. Declárase urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelante, Edil Acuña.

SEÑOR ACUÑA.- Por un criterio… En este caso, al agregar uno, sería del tercero al séptimo, que son observaciones del Tribunal de Cuentas…

(Dialogados en la Mesa).

SEÑORA SECRETARIA.- Del 2 al 6.

(Ingresa la Edila Nátaly Olivera).

SEÑOR PRESIDENTE.- Bien, aplicamos el criterio y votamos.

SE VOTA: unanimidad, 24 votos.

SEÑORA SECRETARIA.- EXPEDIENTE Nº 008/14: Tribunal de Cuentas observa el procedimiento seguido en la Licitación abreviada departamental Nº 35/13 para la explotación comercial de los servicios de entretenimientos acuáticos en parada 11 de Playa Brava.

EXPEDIENTE Nº 008/1/14: Tribunal de Cuentas mantiene observación al procedimiento seguido en la Licitación abreviada departamental Nº 35/13, para la explotación comercial de los servicios de entrenamientos acuáticos en parada 11 de playa Brava. (k.f.)

EXPEDIENTE Nº 078/14: Tribunal de Cuentas mantiene la observación a la reiteración del gasto de la Licitación pública departamental Nº 06/13, para obras de iluminación del camino que une Gregorio Aznárez con Ruta Interbalnearia.

EXPEDIENTE Nº 080/14: Tribunal de Cuentas observa el procedimiento seguido en la Licitación abreviada departamental Nº 71/13, para la concesión del servicio de alquiler de sillas, sombrillas y reposeras en parada 7 de playa Mansa.

EXPEDIENTE Nº 249/14: Tribunal de Cuentas mantiene observación formulada a la reiteración del gasto de la Licitación Pública Departamental Nº 16/13, para pavimentación y repavimentación de calles del departamento.

Todos estos expedientes están informados por la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones que aconseja aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y que siga a la Intendencia a sus efectos.

Todos los informes están firmados por los Ediles Sergio Casanova Berna, José Luis Noguera, José Hualde y Sebastián Silvera.

(Durante la lectura de estos obrados se retira el Edil Sebastián Silvera).

SEÑOR ANCHETA.- Que se vote.

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos…

SE VOTA: unanimidad, 23 votos.

(Expediente 008/14)RESOLUCIÓN 331/2014 Visto: Lo informado por la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones que este Cuerpo comparte, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE Acéptanse las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y siga a la Intendencia Departamental a sus efectos. Declárase urgente.

(Expediente 008/1/14)RESOLUCIÓN 332/2014 Visto: Lo informado por la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones que este Cuerpo comparte, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE Acéptanse las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y siga a la Intendencia Departamental a sus efectos. Declárase urgente.

(Expediente 078/14)RESOLUCIÓN 333/2014 Visto: Lo informado por la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones que este Cuerpo comparte, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE Acéptanse las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y siga a la Intendencia Departamental a sus efectos. Declárase urgente.

(Expediente 080/14)RESOLUCIÓN 334/2014 Visto: Lo informado por la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones que este Cuerpo comparte, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE Acéptanse las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y siga a la Intendencia Departamental a sus efectos. Declárase urgente.

(Expediente 249/14)RESOLUCIÓN 335/2014 Visto: Lo informado por la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones que este Cuerpo comparte, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, RESUELVE Acéptanse las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y siga a la Intendencia Departamental a sus efectos. Declárase urgente.

SEÑOR ANCHETA.- La urgencia…

SEÑOR PRESIDENTE.- Votamos la urgencia…

SE VOTA: unanimidad, 22 votos.

(Se retira la Edila Liliana Capece).

Siendo las 0:35 del miércoles 3 de setiembre, damos por finalizada la Sesión.

Muchas gracias. (a.f.r.)

Siendo la hora cero y treinta y cinco minutos del 3 de los corrientes y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Sesión, labrándose para su debida constancia la presente, que se firma en el lugar y fecha antes indicados.

 

Sr. Fermín de los Santos

Presidente

 

 

Sra. Nelly Pietracaprina

Secretaria General

 

 

Sra. María Desanttis de Pérez

Directora de Departamento

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